¡Libertad presos políticos! ¡Por la república catalana de los trabajadores y la juventud!

El régimen autoritario del 78, su aparato del Estado y los partidos que lo sostienen (PP, Ciudadanos, junto a los dirigentes del PSOE) han dado un nuevo golpe contra la democracia y las libertades en Catalunya. La apertura de una causa general contra el independentismo, siguiendo el ejemplo de la que llevó a cabo la dictadura franquista contra la “república y el comunismo”, ha significado la anulación de la autonomía catalana, la detención de Carles Puigdemont y el procesamiento de 25 dirigentes independentistas, muchos de ellos encarcelados de manera inmediata, sin juicio y sin fianza.

 

No hay ninguna duda: el bloque monárquico españolista no acepta los resultados de las elecciones del 21-D y está dispuesto a aplastar, al precio que sea, las aspiraciones republicanas del pueblo catalán. Catalunya vive bajo un estado de excepción franquista.

En estas horas decisivas, toda la izquierda política y sindical que no está comprometida con este régimen autoritario, debe impulsar la movilización más contundente y unitaria posible. No se puede mirar hacia otro lado. No bastan las declaraciones o los comunicados, y mucho menos los llamamientos al “diálogo” con un gobierno que quiere devolvernos a las cavernas de la dictadura. Hay que convocar ya una huelga general en Catalunya para exigir la libertad inmediata de los presos políticos, el fin del 155 y por la república. Y los trabajadores y la juventud del resto del Estado tenemos la obligación de apoyar al pueblo catalán, uniendo nuestras fuerzas a las suyas, para derribar de una vez por todas al gobierno de Rajoy.

Catalunya bajo una semidictadura

La juventud y el pueblo de Catalunya han reaccionado enérgicamente a las provocaciones represivas del Estado y el juez Llarena. Inmediatamente después de conocerse la noticia del encarcelamiento de Jordi Turull —el último candidato a la presidencia de la Generalitat—, de Carme Forcadell, del exilio de Marta Rovira y el arresto en Alemania de Carles Puigdemont, cientos de miles se han lanzado a las calles siguiendo el llamamiento de los Comités de Defensa de la República (CDR). A pesar de la violencia de los Mossos, que han cargado indiscriminadamente contra la multitud, las manifestaciones fueron ejemplares y la consigna de “Llibertat presos polítics” y “Vaga general” se gritaba con una pasión y fuerza irresistible.

Es evidente que el gobierno del PP y el aparato del Estado han decidido una huida hacia delante para amordazar a todo un pueblo. El señor Rajoy, acosado por las protestas masivas de los pensionistas y por la huelga general feminista del pasado 8 de marzo, tiene enormes dificultades para enfrentarse a un descontento creciente que amenaza con transformarse en un nuevo estallido social. Además, con unos sondeos electorales que muestran los peores augurios, está dispuesto a resistir como sea la presión de Albert Rivera y Ciudadanos. La forma de intentar escabullirse, y recuperar apoyos electorales, no es otra que una nueva vuelta de tuerca contra el pueblo catalán explotando a fondo la carta del nacionalismo españolista. Pero en esta estrategia, sus cálculos pueden saltar por los aires.

La farsa judicial diseñada por el aparato del Estado y el PP está siendo utilizada para aplastar la voluntad democrática expresada en el referéndum del 1 de octubre (que otorgó 2.100.000 votos a la república catalana, más de los que obtuvo el Estatut de Catalunya en el referéndum de 2006), y anular los resultados de las elecciones del 21-D, que supusieron un varapalo al PP y una mayoría absoluta para el independentismo.

Este fraude judicial empezó con la querella de la Fiscalía General del Estado el 30 de octubre, que consideraba la impresionante movilización democrática del 1 de octubre y la huelga general que paralizó Catalunya el 3 de octubre como un “levantamiento violento” susceptible de constituir un delito de “rebelión y sedición”. El fiscal Maza primero, la jueza Lamela después, y ahora el juez Llarena han llegado al extremo de equiparar las movilizaciones de masas del pueblo de Catalunya con el golpe fascista que asaltó pistola en mano el parlamento español el 23-F de 1981, y con atentados terroristas y crímenes cometidos por asesinos y mafiosos. Así han fundamentado jurídicamente los autos de encarcelamiento de los Jordis, de los consellers del Govern, incluido Puigdemont, y anulado su derecho a acudir al Parlament como diputados electos y de ser propuestos como candidatos a presidir la Generalitat. De un plumazo, la soberanía popular del pueblo catalán ha sido suprimida.

Los argumentos del juez Llarena para ordenar el encarcelamiento son tan escandalosos, que organizaciones e instituciones como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional han tenido que denunciar este atropello. ¿Quién ha utilizado las armas y ha ejercido la violencia en Catalunya? La respuesta la sabemos todos: el régimen del 78, su gobierno y su Estado, que enviaron a más de 10.000 policías y guardia civiles para golpear salvajemente a cientos de miles de personas que ejercíamos pacíficamente nuestro derecho a votar.

Esta ofensiva no sólo es contra Catalunya. Los ataques a la libertad de expresión y los derechos democráticos se extienden al resto del Estado. Hemos visto el encarcelamiento de artistas, raperos y tuiteros por criticar al rey, el secuestro y censura de obras de arte, libros y revistas, la represión salvaje contra los manifestantes de Murcia que luchan por el soterramiento del AVE, y las querellas y procesos en marcha contra decenas de activistas de izquierda a causa de la Ley Mordaza o utilizando la excusa del delito de odio. Mientras, las agresiones de los fascistas, la violencia machista que asesina a cientos de mujeres, y la corrupción galopante del PP y de los políticos del régimen, quedan impunes.

La responsabilidad de los dirigentes de IU, Podemos y los sindicatos

Los dirigentes de CCOO y UGT en Catalunya y estatalmente, con su negativa a convocar movilizaciones para frenar este retroceso autoritario, han proporcionado un oxígeno precioso al gobierno del PP y avalado en la práctica la aplicación del 155.

Entre el conjunto de la clase obrera catalana y del Estado español hay un instinto certero de que nada bueno puede venir de la mano del PP. Pero la campaña españolista ha creado confusión, en primer lugar porque en ella han participado en bloque los dirigentes del PSOE, y no pocos que en el pasado se definían “comunistas”, como Paco Frutos, exsecretario general del PCE, convertido ahora en un agitador patético de la bandera rojigualda. La responsabilidad de todos ellos en facilitar la labor represiva de la reacción es inmensa.

También desde la dirección de Izquierda Unida y Podemos se ha mantenido una política errónea, que alimenta esta confusión y da margen de maniobra a la derecha. Alberto Garzón ha equiparado al Estado que reprime y aplica el 155 con el pueblo que lucha por sus derechos democráticos y quiere una república. Garzón ha negado escandalosamente la existencia de presos políticos, calificando la lucha de las masas catalanas como una “maniobra” de las élites económicas, precisamente cuando la burguesía catalana ha cerrado filas con la española y su aparato estatal para aplastar el movimiento. Garzón está en las antípodas de una posición marxista y revolucionaria.

También Pablo Iglesias ha renunciado a encabezar este movimiento por la autodeterminación y la república catalana. Ha reprochado a un pueblo que lucha de “despertar al fascismo”, y sigue insistiendo en que es necesario pactar con el Estado y el PP un “referéndum” que haga posible el derecho a decidir. ¿Acaso Pablo Iglesias no se da cuenta de que esta ofensiva represiva es una rotunda negación a cualquier tipo de diálogo? Su insistencia al PSOE para que rompa sus vínculos con el bloque monárquico ya ha sido respondida con desprecio por Pedro Sánchez y sus colaboradores, plegados y humillados ante el PP.

La dirección de Unidos Podemos debe dar un giro de 180º y poner fin a la política de abstenerse de participar en esta batalla. Tiene la obligación de no abandonar al pueblo de Catalunya, a los trabajadores y a los jóvenes que están en primera línea contra el PP y su autoritarismo, en defensa de los derechos democráticos y por la república. Deben explicar que la misma argumentación que hoy utiliza el juez Llarena, el bloque del 155 y los medios de comunicación españolistas para justificar la represión en Catalunya, mañana puede servir para acusar de rebelión y encarcelar a quienes organizan las protestas de los pensionistas, huelgas como las del 8-M, y movilizaciones como la de los vecinos de Lavapiés contra el racismo y la violencia policial. 

Parar el golpe franquista del régimen del 78: ¡Huelga general ya!

No es casualidad que este ataque tan salvaje se produzca tras varios meses en que los dirigentes de ERC y Junts per Catalunya han intentado suspender la movilización en las calles y buscar puentes de entendimiento con el PP y el Estado. Tras derrotar al bloque del 155 en las elecciones del 21-D, millones de personas esperaban un plan claro y decidido para llevar adelante la república mediante la movilización. En lugar de eso, los políticos burgueses y pequeño burgueses de JxCat y ERC afirmaban ante los tribunales que la proclamación de la república fue meramente simbólica, que acataban el 155 y planteaban la necesidad de no provocar al Estado y “recuperar las instituciones”.

En la lucha de clases la debilidad siempre invita a la agresión. Las burguesías española y catalana son muy conscientes de que lo ocurrido en Catalunya es una auténtica crisis revolucionaria y la han intentado cerrar con un vendaval de procesamientos y encarcelamientos, aplicando el 155 y convocando elecciones para intentar alcanzar una mayoría. Pero la voluntad y decisión del pueblo catalán están frustrando sus planes. Ahora recurren de nuevo a una represión brutal contra dirigentes del independentismo: pretenden amedrentar al movimiento y mandar un mensaje a los trabajadores y a la población del resto del Estado. Pero han llegado demasiado lejos.

La noche del 25 de marzo, tras escuchar a cientos de miles de personas clamando por la libertad de los presos políticos y la huelga general, el presidente del Parlament, Roger Torrent, llamaba a conformar un frente unitario en defensa de la democracia y anunciaba contactos con todas las fuerzas independentistas, la izquierda no independentista y los sindicatos para plantear una respuesta unificada y contundente.

Es evidente que, más allá de las palabras, el llamamiento de Torrent, igual que las declaraciones de los líderes de ERC, tienen como objetivo conformar un gobierno catalán que “estabilice” la situación y acabe con la lucha en las calles. Por eso mismo no nos podemos subordinar políticamente a aquellos que durante meses han demostrado su pasividad total y su deseo de restablecer los pactos con los partidos del régimen a costa de sacrificar la lucha por la república catalana. Es hora de que el motor del movimiento por la liberación nacional de Catalunya, que son las masas en lucha, la juventud y los sectores del movimiento obrero más avanzado, tomemos la dirección del proceso.

Sí, hay que levantar un frente único desde los CDR, la CUP, la base militante de la ANC, Òmnium y de Catalunya en Comú, de todo el sindicalismo de clase y combativo, de las organizaciones de la izquierda que lucha y los movimientos sociales, para convocar inmediatamente una huelga general de 24 horas en Catalunya y movilizaciones de masas. Esa huelga general, que debe unificar a todos los sectores que están librando actualmente la batalla contra el gobierno del PP, desde la marea feminista y pensionista hasta los estudiantes, debe exigir la libertad de los presos políticos, la anulación de los procesos judiciales y del 155, y la dimisión del gobierno de Rajoy. Una huelga general que debe interpelar a CCOO y UGT, y a Unidos Podemos, para que la respalden con claridad en todos los territorios del Estado, organizando movilizaciones en apoyo al pueblo catalán y contra la involución autoritaria que estamos sufriendo.

Obviamente, la huelga general será un paso decisivo, pero después hay que ampliar, extender y continuar la lucha con nuevas huelgas y movilizaciones hasta que la represión sea derrotada, los presos políticos sean liberados y se restituyan en su totalidad los derechos democráticos de Catalunya, incluido que la decisión democrática del 1-O a favor de la república sea llevada a la práctica.

Desde Izquierda Revolucionaria también creemos que es un deber del movimiento de liberación nacional ganar el apoyo del conjunto de la poderosa clase obrera catalana, incluidos trabajadores castellano-hablantes llegados de fuera de Catalunya. La inmensa mayoría de ellos rechazan la corrupción y los recortes del PP, y miles se movilizaron el 1 y 3 de octubre contra la represión; pero siguen viendo con desconfianza el procés por el papel que juegan en él los dirigentes burgueses del PDeCAT y las políticas de ajuste, privatizaciones y recortes que aplicaron Convergència y ERC desde el Govern.

Estos sectores de la clase obrera pueden ser ganados a la causa de la república y jugar un papel decisivo en la movilización contra la derecha y el bloque del 155. Pero para ello deben ver que se trata de una república de los trabajadores, los jóvenes y el pueblo, no de los empresarios y la oligarquía catalana. Si la lucha por la república va unida a un programa de reivindicaciones que dé respuesta a los problemas concretos que millones sufrimos cada día, que rompa decididamente con la lógica del capitalismo y asegure nuestros derechos laborales y sociales y el futuro de la juventud, podremos neutralizar la demagogia españolista y derrotar la campaña del miedo. Este es el camino para vencer

¡Todos y todas a preparar ya la huelga general!

Committee for a workers' International publications

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