El mes pasado ha visto una nueva alza en la lucha contra las políticas neo-liberales, incluidas las de la explotación de los recursos naturales en Bolivia.
Hace un año y medio, el presidente Sanchez de Lozada fue forzado dimitir después de semanas de protestas que dejaron casi cien muertos. Su sucesor, Mesa, también se ha enfrentado con protestas masivas y ha amenazado dimitir y llamar a elecciones anticipadas.
Lo que desencadenó las protestas contra Sanchez de Lozada en Octubre de 2003 fueron los planes de exportar gas natural a EE.UU. Una vez más los recursos naturales del país iban a enriquecer a capitalistas extranjeros, al mismo tiempo que la mayoría de la población del país estaba bajo la línea de pobreza. Tres millones no tienen acceso a la electricidad o al agua potable. Durante la era colonial los ricos depósitos de plata fueron saqueados. Durante los años 50 fue el estaño y ahora es el gas natural. Bolivia tiene las mayores reservas de gas natural después de Venezuela. Su valor es estimado en $100 billones, 12 veces la PIB del país y 16 veces su deuda extranjera.
“La industria del petróleo y el gas en Bolivia es altamente rentable, por cada dólar invertido las compañías sacan 10 dólares”, admitió recientemente por el principal ejecutivo de Repsol/YPF en Bolivia. Las empresas de petróleo y gas sacan $1.4 billones por año, pero el estado Boliviano recibe solamente $70-80 millones en impuestos.
Parte de las políticas neoliberales del ex presidente fue bajar los impuestos para la extracción de petróleo y gas, y privatizar la compañía estatal de petróleo YPF. Las compañías de petróleo y gas pagaban 50% de impuestos por la extracción antes. Esto fue rebajado a 18 por ciento. Además, las empresas de petróleo y gas tienen costos de extracción muy bajos. De acuerdo con “Global Upstream Performance Review 2003”, los costos de extracción en Bolivia, correspondientes a un barril de petróleo, para Repsol/YPF y Amoco son de sólo $1, comparado con un promedio de $5.6 dólares para todas las 200 compañías que aparecen en la revista. Los costos para encontrar nuevos pozos también estaban entre los más bajos del mundo.
Lógica increíble.
Al mismo tiempo los precios del combustible son más altos en Bolivia que internacionalmente, un hecho que hizo que Sanchez de Lozada en una oportunidad exclamara, “esto es increíble”. Pero esa es la lógica de sus políticas neoliberales.
Uno de los argumentos utilizados para justificar la desregulación, la privatización y la reducción de impuestos para las compañías de petróleo y gas era la atracción de inversiones al país, lo que beneficiaría a todos. Sin embargo, de acuerdo con el experto en petróleo Álvaro Ríos, solamente el 5% de los 5 billones de dólares en inversiones desde 1997 han beneficiado al país en la forma de aumento del consumo interno.
Otro factor detrás de la oposición a la exportación de gas era el hecho que el gas sería transportado a través de un gaseoducto a través de Chile. Hay una hostilidad hacia Chile que data de la guerra de 1879-83, cuando Bolivia perdió su costa a favor de Chile. La guerra se debió al salitre suministrado en la costa, y el verdadero vencedor fue el “Rey del Salitre” John Thomas North. El pueblo chileno tampoco se beneficiará esta vez, sino la empresas British Gas, British Petroleum, Repsol/YPF y Sempra Energy (subsidiaria de Enron, la empresa del escándalo) que están detrás del consorcio Pacific LNG.
A mediados de Septiembre de 2003 la resistencia contra la exportación de gas aumentó después de la muerte a manos de los militares de siete personas en un bloqueo de carretera. Los cortes de caminos se intensificaron, la Central Obrera Boliviana (COB) declaro una huelga general y decenas de miles de indígenas marcharon desde todo el país hacia la capital, La Paz. Sanchez de Lozada renunció y voló a los EE.UU. el 17 de Octubre. Su vicepresidente Carlos Mesa fue nombrado presidente en su reemplazo. Mesa prometió un referéndum sobre el gas, una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución. También prometió encargarse de la corrupción.
Las principales fuerzas en el movimiento contra Sanchez de Lozada fueron la COB, el partido de izquierda MAS (Movimiento al Socialismo) dirigido por Evo Morales, y el sindicato campesino CSUTCB dirigido por Felipe Quispe. A pesar que esas organizaciones usan métodos radicales de lucha y retórica carecen de un programa para la toma del poder y la abolición del capitalismo. Por ejemplo, durante la “guerra del gas” contra Sanchez de Lozada, ¡Evo Morales era favorable a que la ONU enviara mediadores! Hasta recientemente, Evo Morales bajo la influencia de Lula en Brasil, apoyó al gobierno de Mesa, y por esta razón fue expulsado de la COB el año pasado. Cuando Mesa anunció su referéndum el año pasado Evo Morales le dio su apoyo, mientras la COB y Felipe Quispe llamaron al Boicot.
Las cinco preguntas del referéndum eran ambiguas. Una gran mayoría era favorable a la nacionalización de los suministros de petróleo y gas, pero muchas quedaron abiertas a la interpretación. Cuando se suponía que se concretara el resultado del referéndum, bajo la forma de la nueva “ley de los hidro-carburos” el conflicto escaló otra vez.
Había tres asuntos detrás del ultimo movimiento. En El Alto, el foco de la resistencia contra Sanchez de Lozada en 2003, se desarrolla una lucha contra la compañía Aguas del Illimani, subsidiaria de la francesa Suez Lyonaisse des Eaux. Una huelga general local fue declarada exigiendo que se revertiera la privatización del agua. Una lucha similar en Cochabamba en 2000 se ganó. Como resultado fue echada la compañía norteamericana Bechtel (ahora hace rentables negocios en Irak).
Pueblos indígenas oprimidos
Otra exigencia es que fuera convocada una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución. Un asunto clave son los derechos de los pueblos indígenas, que constituyen el 62% de la población. La proporción de diputados indígenas en el parlamento se ha incrementado sustancialmente, especialmente con el éxito del MAS, que tiene su base entre el pueblo Quechua. Evo Morales, líder de los cultivadores de Coca (y el mismo un indígena Aymara) quedó solamente 45.000 votos detrás de Sanchez de Lozada en la última elección presidencial en 2002. Felipe Quispe, tiene su base entre los Aymaras. La inmensa mayoría de los pueblos indígenas vive en la pobreza y enfrenta una brutal discriminación.
El tercer asunto fue la “ley de hidro-carburos”. La exigencia del MAS era que el royalty/impuesto a la extracción se aumentara al 50%, el antiguo nivel. La propuesta de Mesa era de introducir un nuevo impuesto de producción, a lo más del 32 por ciento. La propuesta de Mesa daría mucho menos en ingresos impositivos al estado boliviano, y por lo tanto fue rechazada.
En todo el país las carreteras fueron bloqueadas, lo que provocó la paralización del país. Muchos de los manifestantes exigían la nacionalización del petróleo y el gas. Mesa tuvo temor de usar a los militares de la misma manera que Sanchez de Lozada, y encendió más protestas. En su lugar, jugó con la falta de alternativa y presentó una carta de renuncia al parlamento el 6 de marzo, que fue rechazada por el parlamento. Después de lo cual él llamó a protestar contra los cortes de caminos y el “caos”, y maniobró para conseguir algún apoyo de las clases medias. También insinúo el uso de la fuerza, pero el Ministerio de Justicia declaró que los bloqueos de carreteras eran legales, ¡como parte del derecho de manifestación! Las protestas aumentaron cada vez más. La COB, MAS, CSUTCB, Organizaciones Sociales de El Alto, en total 60 organizaciones diferentes, se incorporaron al “Frente Revolucionario”. Se establecieron más bloqueos de carreteras y se declaró la huelga general.
El 16 de marzo, la Cámara de Diputados del Congreso llegó a un acuerdo sobre el impuesto al petróleo y al gas, con un nuevo impuesto de producción del 32 por ciento, pero sin derechos de deducción. Este compromiso daría $600 millones de dólares por año al estado, comparados con $750 millones como resultado de la propuesta del MAS. La propuesta de Mesa que sería implementada solamente a los nuevos contratos hubiera aportado $105 millones, Mesa calificó la decisión de “irresponsable” y anunció que las elecciones deberían ser adelantadas en dos años, el 28 de agosto de este año.
“El congreso ha bloqueado cualquier posibilidad de implementar la propuesta (de una nueva ley de hidro-carburos), el Ministerio de Justicia ha impedido mi posibilidad de usar la ley (contra los bloqueos de carreteras) y el diputado Evo Morales ha bloqueado el país, y ustedes me piden que gobierne, y yo no puedo hacerlo”, dijo.
Su propuesta de adelantar las elecciones fue rechazada por el congreso. Muchos diputados no querían arriesgar sus escaños, incluso el MAS estuvo contra las nuevas elecciones, llamándolas una “maniobra”. Una vez más Mesa pudo permanecer ante la falta de alternativa. La ley de hidro-carburos tiene que ser votada ahora por el senado, después de esto el presidente tiene que firmar la ley para que entre en efecto.
Después de la decisión de la Cámara de Diputados el MAS y la COB llamaron a abandonar los bloqueos de caminos y las huelgas. Desafortunadamente esto representa un intento conciente de desviar el movimiento de masas. La dirección de la COB ha cedido ante Morales, una distracción de las tradiciones revolucionarias de lucha del movimiento sindical boliviano.
Dado su alcance y combatividad, este movimiento de masas es revolucionario en sus bases. Incluso Mesa se quejó en su discurso de dimisión al parlamento que habían habido 820 manifestaciones nacionales contra él durante los dieciochos meses en que había estado en el cargo, y que esto era ¡simplemente inaceptable! Esto da una idea de cómo el movimiento ha crecido y se ha extendido.
Bolivia muestra elementos de una situación pre-revolucionaria. El estado y la elite capitalista ha perdido el control del país repetidamente y ha sido incapaz de hacer retroceder a las masas. La clase trabajadora y el campesinado ha mostrado voluntad de luchar hasta el final. Las clases medias están separadas y divididas, vacilando en dar su apoyo al gobierno y a la clase trabajadora y al campesinado.
Huelga general indefinida
Sin embargo, el único camino para terminar con la desesperada pobreza y explotación es a través de la lucha revolucionaria para derrocar el gobierno, el Presidente y el sistema capitalista.
Esto requeriría el establecimiento de comités de lucha en todo el país y en todos los niveles: en las fabricas y en las ciudades, entre los campesinos y en el ejercito. Estos comités deberían ser elegidos y estar sujetos al derecho de revocación. Deberían estar vinculados a nivel de la ciudad y de la región y eventualmente sobre una base nacional para proveer de una dirección coherente a los movimientos revolucionarios de la clase trabajadora y los campesinos.
Pero serían el programa y las tácticas de estos comités de lucha los vitales. No sería suficiente organizar el derrocamiento del capitalismo, una forma alternativa de organización de la sociedad debería ser establecida.
La exigencia de una huelga general para echar a la elite capitalista corrupta es inherente a la situación y un objetivo estratégico de la clase trabajadora y el campesinado pobre: Lo mismo la demanda por un gobierno de trabajadores y campesinos que nacionalizaría los principales sectores de la industria y de la agro-industria bajo el control de los trabajadores y el campesinado, y que establecería las bases de un plan de producción socialista y democrático para transformar las vidas de la mayoría del país.
Sin embargo la presión desde abajo sigue teniendo un efecto sobre los líderes del movimiento. Felipe Quispe no está listo para llamar a la suspensión de las protestas todavía. Las organizaciones sociales de El Alto, de acuerdo con Indymedia en Bolivia, votaron una resolución con una serie de demandas. Están a favor de nuevas elecciones, “Que se vayan todos”. En lugar de un nuevo impuesto defienden la nacionalización y respecto a la compañía privada de aguas no descartan ocupar sus instalaciones. Llaman al boicot de los cobros del agua y por la organización de la defensa de los que están bajo amenaza de corte del suministro de agua.
Al mismo tiempo los capitalistas están aumentando su presión: Repsol y la brasileña Retrobas han anunciado que retirarán sus planes de inversión para presionar al congreso: British Gas está amenazando con acudir a los tribunales si el nuevo impuesto es implementado sobre los antiguos contratos. Esto muestra que la cuestión de la nacionalización no solo sobre los suministros, sino también de las compañías, tiene que estar en la agenda del movimiento.
Los trabajadores y pobres de Bolivia han mostrado una y otra vez su voluntad de luchar, pero si el movimiento no consigue romper la garra del capitalismo, tarde o temprano retrocederá temporalmente. Bolivia es solo un ejemplo de cómo el capitalismo, a pesar de la existencia de de enormes recursos naturales, solo tiene dificultades y pobreza que ofrecer. Por otro lado un avance socialista en Bolivia electrificaría todo el continente, que ha visto tantas luchas importantes contra el neo-liberalismo en el último periodo.
Desde el año 2000 movimientos populares en Ecuador, Argentina y Bolivia han removido a presidentes neo-liberales. Bajo fuerte presión desde abajo, algunos políticos que previamente habían apoyado los ataques contra la clase trabajadora, han usado una retórica más radical y han sido elegidos.
Otras figures radicales y populistas como Hugo Chávez han pasado adelante y ganado elecciones en Venezuela. Desafortunadamente en todos estos casos, estos lideres no han roto decisivamente con el capitalismo. Lo que falta son partido socialistas y revolucionarios de masas, que luchen por un programa socialista que pueda llevar la lucha a su conclusión, la abolición del sistema capitalista y su reemplazo por una sociedad socialista, donde la producción se gestione democráticamente de acuerdo con las necesidades del pueblo y no de la ganancia. Solamente entonces podrá terminarse con la espiral infernal de pobreza, violencia y opresión.
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