¡Por un genuino programa de creación de empleo!
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4,6 millones de personas o una tasa del 20,05%, estas son las cifras de desempleo oficiales en España, superando muchas previsiones como las de Ceprede (Centro de Predicción Económica) que auguraba a principios de este año que las cifras de paro durante el 2010 rozarían los 4,5 millones de parados. Por su parte, el Banco de España prevé que se seguirán perdiendo puestos de trabajo no solo durante 2010 sino también durante 2011.
Ante esta grave situación, la receta que la patronal y sus comentaristas afines están proponiendo, es la de abaratar aún más el despido en el estado español, llegando a la desvergüenza de proponer un nuevo tipo de contrato para los jóvenes que significa un régimen de semi-esclavitud. En este tipo de contratos, propuesto por la patronal para los trabajadores menores de 30 años, la empresa no tendría ningún coste laboral, por lo que el trabajador, pasados los 6 meses de trabajo – prorrogables hasta 1 año – no tendría derecho a ninguna indemnización por despido ni generaría durante este periodo ningún derecho a prestación por desempleo. Por otra parte, a través del llamado “diálogo social” con los sindicatos mayoritarios la patronal está intentando imponer el abaratamiento del despido para todos los trabajadores, en busca de la mal llamada “flexibilidad”, que por supuesto para la patronal significa flexibilidad de horarios, condiciones y temporalidad para el trabajador, pero nunca para la empresa.
La gran mentira del coste de despido
La gran falacia de la propaganda pro-capitalista que reclama estas medidas es que el coste del despido es muy alto y que esto lastra la creación de empleo. Pero según el informe “Doing Business” (Haciendo negocios) del Banco Mundial, España ya es junto con Irlanda, Bélgica y Dinamarca, el país donde es más fácil para las empresas despedir a sus trabajadores. Sin embargo, los empresarios prefieren utilizar la figura del despido “improcedente” en la mayoría de los casos, para no tener así que justificar las causas del despido y hacerlo más rápido. La alta tasa de temporalidad, que alcanzaba el 25% en 2008 y superaba el 50% entre los trabajadores más jóvenes, es una facilidad más para el despido de los trabajadores.
El resultado de estas características del mercado laboral es el aumento en 1.118.600 en el número de parados durante el año 2009, casi todos ellos jóvenes. Se calcula que desde que estalló la burbuja inmobiliaria, el 93% de las pérdidas de empleo se han dado entre los menores de 35 años, que son los que “acostumbran”, según las propias palabras del Ministro de Economía e Inmigración, Celestino Corbacho, a trabajar con contratos temporales (El País Semanal, 14 de marzo).
Las altas tasas de desempleo y la precariedad son explotadas por la patronal para abaratar todo lo posible los costes laborales y maximizar sus beneficios, despreciando otros criterios como la formación y experiencia en sus plantillas sobre el coste de la mano de obra. Ya durante los años de crecimiento económico era muy frecuente la figura del “becario”, es decir, jóvenes que por simple hecho de serlo y con la excusa de su menor experiencia, reciben menores salarios – o incluso ninguna retribución – y condiciones de trabajo especialmente precarias y desprotegidas. Se calcula que en estos momentos existen 200.000 puestos estructurales en el mercado laboral español que están siendo ocupados por becarios. Esto se suma a los muchos trabajadores sin contrato, a tiempo parcial, con menor número de horas reconocidas ante la Seguridad Social de las realmente trabajadas, etc.
Recortes del gasto público = más privatizaciones = más paro
Por su parte el gobierno del PSOE continúa con su lógica capitalista de hacer pagar a la clase trabajadora por la crisis mientras que sus verdaderos causantes son premiados. Los especuladores en el sector bancario que crearon la actual crisis a partir de una desmedida inversión en la construcción y el crédito fácil, han recibido 160.000 millones de euros para su rescate.
La clase trabajadora, sin embargo, seguirá sufriendo altas tasas de desempleo, recorte de derechos, embargos y, ahora también, empeoramiento de los servicios públicos, ya que el gobierno pretende reducir su abultado déficit mediante 50.000 millones de euros en recortes de gasto público. Esto tendrá graves consecuencias en los servicios públicos de los que depende la clase trabajadora, como la sanidad y la educación. Solamente se sustituirán 1 de cada 10 funcionarios que se jubilen, y en el año 2010 habrá congelamiento de la plantilla sanitaria para todo el estado español.
Muchos trabajadores ponen todas sus esperanzas de conseguir empleo estable en ganar unas oposiciones y conseguir un puesto como funcionario en alguna de las administraciones públicas. Sin embargo, esta posibilidad será aún más remota en el futuro próximo. A finales del mes de marzo el gobierno anunció un recorte del 86,8% en su oferta de empleo público con respecto a 2009 – ésta ya se había recortado en 2009 en un 43% en relación con 2008. Se reducen, por tanto, estas posibilidades de un empleo de calidad, mientras que los recortes presupuestarios forzarán una nueva ola de privatizaciones en el sector público, que siempre suponen reducciones de puestos de trabajo y peores condiciones laborales para los trabajadores de la empresa privatizada.
Muchas instituciones, por ejemplo hospitales, ya han privatizado servicios como los de limpieza, seguridad o laboratorios. Mientras que el servicio sanitario público encoge, el sector sanitario privado puede presumir de haber sido uno de los pocos que han crecido durante 2009. El transporte público parece ser otro candidato a las privatizaciones. El 24 de marzo los trabajadores del servicio de autobuses locales de Sevilla (Tussam) se pusieron en huelga en protesta por los planes de “liberalización” (privatización) de algunas líneas de la ciudad. Nuevos paros de 24 horas están previstos en las próximas semanas contra esta amenaza a sus puestos y condiciones de trabajo.
¡Por un genuino programa de creación de empleo!
Las medidas de recortes presupuestarios y de abaratamiento del despido han sido criticadas incluso desde el campo capitalistas, al considerarlas que no tienen ningún impacto en la creación de empleo, o que son directamente contraproducentes. Yendo más allá, el conjunto del sistema capitalista es incapaz de proporcionar las necesidades básicas, empleo digno y oportunidades de futuro a los jóvenes. Problemas como las altas tasas de paro y precariedad o las dificultades para acceder a una vivienda, no fueron resueltos durante los años de bonanza económica, y se han agravado en época de crisis.
Contra el caos del sistema capitalista, y para paliar este tipo de situaciones, se impone la necesidad de un sistema económico alternativo, que ponga las riquezas y recursos económicos al servicio de todos, y no sólo para el beneficio de los ricos.
En materia de empleo, se hace imprescindible un programa de inversiones públicas que garantice las prestaciones de unos servicios públicos de calidad, y la creación de puestos de trabajos necesarios socialmente, estables, y con salarios y condiciones según convenio. No a las privatizaciones de servicios públicos, que significan pérdidas de puestos de trabajo o de derechos laborales. Todas las empresas que amenacen con despidos, deben ser nacionalizadas bajo el control y gestión democrática de sus trabajadores, para garantizar el mantenimiento de todos los empleos.
Esta transformación socialista y democrática de la sociedad, estará basada además en la nacionalización de los principales pilares de la economía, y su planificación democrática. De esta manera será posible garantizar un futuro digno para todos, el acceso a vivienda, educación, sanidad, transporte colectivo y otros servicios adecuados, y el fin de la locura económica y humana que supone el desperdiciar el talento y capacidades de millones de personas.
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