Estado Espanol: POR UNA EDUCACIÓN UNIVERSAL Y GRATUITA

Los culpables de la crisis, atacan ahora la Universidad

Los mismos políticos y gestores que han arrojado a las gentes del Estado español a la mayor crisis económica y social de las últimas décadas, vuelven de nuevo a la carga, inspirados por la misma ideología criminal. El neoliberalismo más atroz, después de hackear el sistema financiero y arrojar a cientos de miles de jóvenes al desempleo y la miseria, aspira ahora a poner su bandera en la Universidad de la mano de la Estrategia EU2015. El empeño de los capitalistas no es nuevo: el llamado proceso de Bolonia viene dando dentelladas desde hace años a la universidad pública, en la línea de las reivindicaciones de la Organización Mundial del Comercio, que aspira a dejar en manos de las empresas todos aquellos servicios, incluida la educación, que hasta ahora garantizaba el Estado. ¡Quieren convertir nuestros derechos en mercancía!

La educación pública, concebida como un derecho universal, está en peligro. La subida continua de los precios de matrícula ya convierte a la educación universitaria en un lujo al alcance de las clases privilegiadas. Los mercaderes de la educación se ríen también del principio constitucional que reconoce a todos y todas los ciudadan@s una educación igualitaria. Pretenden que cada Universidad sea financiada en función de su sumisión a las nuevas exigencias del capital. Esta es la idea que anima los llamados “Campus de Excelencia Internacional” (CEI), campus tutelados por grandes empresas como Repsol o Endesa que se repartirán hasta 200 millones de euros, mientras que el resto de Universidades españolas se tendrán que conformar con migajas, viéndose abocadas a la lucha por la subsistencia. La llamada “financiación mixta” no aumenta así los ingresos de las Universidades con fondos privados: al contrario, el PPSOE regala con este modelo cientos de millones a empresarios privados para que experimenten con nuestras universidades.

Además, este proceso abre la puerta a la injerencia de los mercados, y el control de empresas y bancos sobre los programas de estudio, la oferta de grados y asignaturas, y sus contenidos. De esta forma, ellos decidirán, en función de criterios estrechos como la “rentabilidad empresarial” o la “competitividad”, en términos de si les rinde suficiente beneficio monetario, lo que deberemos aprender y estudiar, mandando de un plumazo al olvido materias cuyo interés no es mercantil, sino meramente social y humano, tales como la literatura, la historia de la lengua o el estudio de textos en lenguas antiguas, la filosofía, la memoria histórica, el periodismo crítico, áreas de estudio científico, médico o farmacéutico que no sean lo bastante rentables para las farmacéuticas, al ir sus logros destinados a paliar los males de regiones depauperadas cuyo nivel de vida impida a sus utilitarios pagar el producto a precio de mercado. El desarrollo y estudio de estas materias no rendirá, a corto plazo, un amplio beneficio mercantil a la casta de banqueros y empresarios que se arrogarán la potestad de financiar y co-gobernar las instituciones universitarias, pero aportan un enorme beneficio, a la corta y larga, a la sociedad, y contribuyen a mejorar y edificar la calidad de vida de las personas, por eso deben ser financiadas y sostenidas por el Estado. El Estado no puede desentenderse de la inversión y financiación a las instituciones educativas, vendiéndolas a los mercados.

A esta situación debemos añadir los efectos de la crisis económica a la que los mismos capitalistas nos han abocado. Todos los gobiernos autonómicos adeudan cientos de millones a las Universidades públicas y prevén grandes recortes en los presupuestos del año que viene. Los estudiantes conocemos bien los efectos que tendrán estos recortes: menos profesorado y más precario, hacinamiento en clase, subidas generalizadas de los precios de las matrículas, aumento de las notas de corte, restricción de los servicios básicos a los que debemos tener acceso (bibliotecas, salas de estudio, etc.).

Además, en materia de financiación autonómica, leyes como la LAU andaluza, la LLEC catalana, que darán más dinero a las Universidades que encuentren “fuentes de financiación alternativas al Estado”, aumentando los acuerdos Universidad-Empresa, o tijeretazos como los de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, en 2008, que redujo la financiación al sistema de enseñanza universitario público en un 30%, contribuirán a crear una Universidad de dos velocidades, o categorías: una Universidad lujosa, semi-privada, financiada por Estado, empresas y bancos, a la que podrán acudir los hijos de las clases acomodadas y ricas, y una Universidad empobrecida, pública, con que tendrá que conformarse el hijo del obrero, el hijo de las clases precarias,más pobres.

Ante este escenario Socialismo Revolucionario, la sección del Comité por una Internacional de los Trabajadores en el Estado español, declara su solidaridad con la lucha de estudiantes, investigadoras e investigadores, trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública. Confluimos en una llamada común para tomar las aulas y reivindicar una educación pública, esto es, universal y gratuita, igualitaria y, finalmente, laica. El 17 de Noviembre nadie en su casa, nadie en su clase; es hora de una huelga educativa.

Porque la educación del Pueblo no se vende, se defiende. Nos adherimos plenamente a las reivindicaciones del movimiento #toma la facultad.http://tomalafacultad.net/2011/11/07/reivindicando-desde-las-facultades-16-puntos-para-el-17n/#more-346. A las cuales, añadimos las siguientes propuestas, que hacemos públicas en nuestro blog: http://srev.blogspot.com

Además, añadimos la necesidad de construir una huelga general en todos los sectores laborales, a fin de paralizar todos los recortes en la sanidad, además de los recortes en enseñanza pública. El objetivo: unir a todo el movimiento de estudiantes con el conjunto de los trabajadores, en contra de los paquetes de recortes y políticas antiobreras “ultras” que quieren los mercados y grandes grupos de poder económico, valiéndose, para ello, de los partidos capitalistas: PP, PSOE, CiU, PNV, PA, o de partidos de extrema derecha como UPyD.

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