Régimen enfermo de: “la fiebre del oro”
La combativa lucha de Cajamarca en defensa de los lagos y del medio ambiente lleva ya dos semanas El presidente declaró el Estado de Emergencia en cuatro provincias de la región, suspendiendo las garantías constitucionales por 60 días Cajamarca se ha convertido en el epicentro político de los conflictos, desde que la población en su conjunto se alzó en paro general en contra de la masiva y sucia explotación minera. El presidente Ollanta, traicionando sus promesas electorales, ordenó la ocupación militar por dos meses para ”calmar la situación”. Esa calma significa suspender los derechos democráticos del pueblo y continuar con el aumento de las ganancias de los profetas de la industria minera a costa del ecosistema.
En Cajamarca, hace quinientos años, se decidió el destino del imperio de los Incas. Francisco Pizarro aplastó a los custodios del Inca en un sorpresivo y sangriento ataque que significó el fin de una gran civilización. Esto, parece convertirse en una nueva caída histórica, en la que luego de siete días de paro general, el domingo cuatro de diciembre, el presidente declaró el estado de emergencia.
Las causas de este drama lo encontramos en el hallazgo de una imensa cantidad de oro, la más grande del país, valorizado en aproximadamente cinco mil millones de dólares. Los planes de extracción minera de oro y plata en el Conga incluyen el vaciado de las aguas de al menos cuatro lagos andinos que hoy sirven de acopio de agua potable a la zona. La región es muy rica en minerales y existen claros ejemplos en la que los moradores fueron repetidamente engañados a pesar de las dulces promesas de los políticos y los empresarios del oro, mientras que la vegetación va desapareciendo lentamente. El ejemplo más próximo es la mina de Yanacocha, allí la naturaleza fue dañada seriamente durante la explotación. El ecosistema de la zona es dañado y el medio ambiente destruido. Todos los gobiernos de turno afirmaron que la industria minera significaría mejoras para ellos, en cuanto a puestos de trabajo y más. Pero muy a pesar que el Perú es rico en reservas naturales, las ganancias jamás han ido para el pueblo.
La mina en cuestión es una extensión de Yanacocha y es explotada por la Newmont Mining Corp, de Denver, Colorado. Cajamarca es la región más densa y, en explotación minera y la más rica en metales preciosos en contraste con la situación de pobreza de su población. Yanacocha es la más grande explotación minera de oro de Latinoamerica y se acerca a su final. Durante su campaña electoral Ollanta Humala visitó Cajamarca con el slogan electoral “El oro no se puede beber”. El 80% del electorado cajamarquino votó por Ollanta y posteriormente éste ganó las elecciones generales y tomó palacio de gobierno. Por eso uno puede comprender la animadversión de la población cuando el gobierno afirma que la protesta viene de un minúsculo grupo de radicales que con métodos mafiosos intentan presionar al gobierno y se encuentran ausentes de cuestionamientos fundados. Esa actitud arrogante no deja de ser detestable. Los campesinos, la juventud y los transportistas han mostrado su descontento. El gobierno regional (controlado por el PC del P “patria roja”) se ha puesto del lado de la protesta popular.
El jueves 1ro de diciembre se inició el paro general en Cajamarca, que comprometió a toda la región, con bloqueo de carreteras y que le ha costado al turismo una pérdida de aproximadamente 20 millones de dolares en los ingresos de restaurantes y hoteles. Los demandantes están convencidos en que la extracción del oro y la plata de la mina de Conga contaminará el agua de la zona. Los cuatro lagos vaciados serían reemplazados por reservorios artificiales. El más grande de estos resevorios sería usado para lavar metales residuales contenidos en los bloques de piedra, despedazados con ayuda de cianuro, sustancia química venenosa. Para obtener un kilo de oro se reuquiere utilizar 141 kilos de cianuro. El año 2010 la mina de Yanacocha produjo 46,7 toneladas de oro. Se espera que las reservas de Conga tengan 189,7 toneladas de oro. A una semana de iniciado el paro general, Ollanta invitó a los protestantes a negociaciones que llevaran a solucionar el conflicto y los medios de comunicación difundían que la protesta popular había triunfado. Pero muy a pesar de lo que diga la prensa, en sus titulares, el pueblo está aún muy lejos de haber ganado en esta lucha. En lugar de concesiones políticas por parte del presidente, después de las pretendidas negociaciones, éste, ha declarado el estado de emergencia en las cuatro provincias involucradas. Esto a pesar del levantamiento del paro, que facilitaba la negociación. El presidente regional Gregorio Santos ha sido por otro lado, acusado por el ministro del interior por delito de atentar contra la seguridad del país y la tranquilidad pública.
La declaratoria de Estado de Emergencia es una payasada dijo el presidente regional. Todo está como de costumbre en Cajamarca. Las protestas continúan, sólo que con otros métodos. Criticamos el Estado de Emergencia y tomamos distancia de toda forma de violencia, señaló a los medios de prensa el lunes 5 pasado. La repentina suspención de las negociaciones, la negación de tiempo de consulta a los representantes y la declaratoria del estado de emergencia hace pensar que todo estaba preparado. La provocación está orientada a amedrentar a los manifestantes y llevarlos a la obediencia. El estado de emergencia suspende un conjunto de derechos democráticos fundamentales, como el de reunión en lugares públicos, distribución de panfletos y asambleas. Y da a los militares autorización para detener a las personas e intervenir los domicilios sin mandato judicial, entre otras atribuciones.
No es poco dinero que está en juego. Los empresarios mineros y los gobiernos peruanos han tenido siempre una estrecha colaboración. Newmont en el Perú reportó últimamente su tercer reporte económico con una ganancia mayor a los 635 millones de dólares, un incremento sobre el reporte anual del año pasado, que fue de 533 millones. El total de las ganancia asciende a 2,7 mil millones de dólares, un crecimiento del 6%, comparado con el del año pasado. Para ellos la contaminación de un par de lagos de los andes no tiene importancia alguna en relación con la bolsa del mercado y las ganancias. Durante la campaña electoral de Ollanta participó un importante sector de la izquierda peruana. La voluntad de voto en contra de la candidata de la derecha en la segunda vuelta creció notablemente. Los dos que pasaron a la segunda vuelta fueron el nacionalista Ollanta Humala y la extremista de derecha Keiko Fujimori. Keiko es la hija del sentenciado dictador Alberto Fujimori que aterrorizó al movimietno de los trabajadores de los 90 y ahora se encuentra en prisión por los delitos de lesa humanidad, de soborno, de corrupción y otros.
CIT compartia el estado de ánimo para votar fuera a la derecha apoyando a Ollanta en la segunda vuelta electoral. Pero nosotros comprendiamos que el gobierno se enfrentaría al sistema capitalista o adaptaría sus políticas a los grandes intereses de las empresas y bancos. Durante las elecciones se vio a un Ollanta tratando de demostrar se moderado, ligandose a las propuestas del presidente brasileño Lula etc. Gran parte de la izquierda peruana se alió con Ollanta, sin persibir que los trabajadores tarde o temprano se enfrentarían al gobierno. La izquierda socialista revolucionaria debe comprender que la lucha de los trabajadores debe ser autónoma y desde las bases en pos de construir un movimiento obrero combativo en lugar de generar esperanzar en uno u otro candidato electoral. La estrategia de apoyar incondicionalmente a un candidato, que despues de las elecciones ataca a los trabajadores y la poblacion con ejército y policía, desacredita a todo el movimiento obrero.
La creencia que una personalidad lo suficientemente buena puede influir en el sistema capitalista que es corrupto y podrido es ingenuo. Es un legado de la tradición estalinista la necesidad de un líder fuerte que gobierna con puño de hierro. Los marxistas saben y entienden que los verdaderos líderes están surgiendo con el movimiento, y gana su confianza, no por las promesas sino por la acción. Un candidato sin base en las masas y sin un claro programa socialista es solamente otro político. La política no es controlado por las personalidades, sino de los intereses de clase.
Los socialistas no se oponen a la participación en las elecciones al parlamento burgués. Pero la clase obrera necesita sus organizaciones autonomas para resaltar su propio programa y candidatos combativos. No arribistas, ni estafadores con intereses privados. El pueblo combativo de Cajamarca ha rechazado a la politica derechista del gobierno. Manifestaciones de apoyo se han realizado en todo el país, contra la codicia del gobierno. La unidad de la gente viene derrotando al arrogancia del gobierno. El movimiento puede extenderse a otras provincias. La industria minera es el 61% de la economía del país.
El gobierno afirma que sin un aumento de la producción no se va a cumplir con los proyectos sociales que él prometió durante su campaña. Las empresas mineras que operan en el Perú, la mayoria de propiedad occidental, se han comprometido a pagar un impuesto social de minería, que se calcula en unos míseros mil millones de dólares al año. Para seguir contando con la aprobación y agrado de las empresas mineras, el gobierno tuvo que escuchar a los grupos de presión empresarial. Las empresas mineras no son unos ángelitos responsables. Ellos han invertido dinero y confian que el gobierno de Humala lo va devolver el favor recibido. La Organización Socialista Internacional del CIT cree que un sistema que ofrezca garantías de trabajo, agua, conservación del ecosistema y prosperidad para las mayorias no es viable bajo el capitalismo. Además de Conga se vienen gestando en este momento más de 60 movimientos de protesta local contra proyectos de la minería. La mineria destruye la naturaleza y maltrata al pueblo y sus ganancias no benefician tampoco a la población. Las multinacionales mineras sacan enormes ganancias fuera del país, dejando trabajadores dañados, residuos químicos, cambios genéticos en los cultivos, y bosques podados. La infrastructura, la distribución del trabajo, y la explotación de las materias primas debe estar bajo el control colectivo-democratico de los trabajadores y la población nativa.
El CIT Repudia el estado de emergencia y suspención de las garantias constitucionales, que el regimen de Humala ha impuesto para aplastar a la protesta popular, defendiendo los intereses de las empresas mineras. La izquierda peruana debe romper con el gobierno y apoyar a los trabajadores a construir su propia representación politica. El CIT exige la nacionalisación de la industria minera, y que ésta se ponga bajo el control colectivo-democratico de los trabajadores y la población. El CIT convoca a todos los movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, campesinos, trabajadores y explotados del Perú, a unirse en la lucha por un verdadero gobierno de trabajadores y campesinos, en una estrecha alianza con los pobres y opremidos de todos los países del continente.
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