Estado español: DESAHUCIOS: ¡LA MORATORIA NO ES SUFICIENTE!

¡Derecho a una vivienda digna ya!

Amaia Egaña de Barakaldo se encaramó a una silla y se arrojó al vacío desde el cuarto piso del inmueble. Es la segunda muerte relacionada con una ejecución hipotecaria en las últimas tres semanas. La deuda pendiente cuyo impago llevaba al desahucio no llegaba a los 214.000 euros — en concreto, 164.323 euros y otros 49.300 de intereses.

José Miguel Domingo, de 53 años, ha sido hallado muerto en el patio interior de su domicilio, en el barrio de la Chana en la capital granadina. José tenía un préstamo por 240.000 euros.

Un hombre se tiró por un balcón en Valencia antes de ser desahuciado. Se encuentra hospitalizado por las heridas.

Son los últimos tres casos conocidos de un drama social que está teniendo lugar en el estado español;  un reflejo gráfico de la barbarie del sistema y la crisis del capitalismo.

Cada día del primer semestre de este año se ejecutaron en el estado español 500 desahucios, un drama social que el pasado viernes desbordó la indignación ciudadana con el segundo suicidio en 15 días. Estos casos trágicos han causado una conmoción y rabia generalizadas.

En Madrid, unas 50 personas amenazadas de desahucio por el impago de sus hipotecas llevan 23 noches durmiendo al raso en la llamada acampada Bankia ante la principal sucursal de esta entidad en la plaza de Celenque, cerca de la Puerta del Sol. Una de estas personas dijo: "La gente está muy caliente con esto de los desahucios"

En Barakaldo donde vivía Amaia Egaña miles de personas, 8.000 según los organizadores, se manifestaron bajo el lema "No al paro. No a los desahucios. Por la protección social", para reclamar que se pongan en marcha soluciones que frenen los embargos de viviendas por impagos de hipotecas, y evitar nuevos casos como el de Barakaldo.

En su recorrido, los manifestantes marcaron algunos bancos y entidades financieras con pintadas de "asesinos". Además, sobre una sucursal de La Caixa, entidad con la que Amaia Egaña había contraído la deuda, se lanzaron botes de pintura. Los manifestantes corearon lemas como "No es un suicidio, es un homicidio", "Ellos la pasta, nosotros los muertos", "Ningún desahucio sin respuesta " o "Hay que parar el terrorismo financiero".

La reacción ha asustado tanto al gobierno del PP como al del PSOE, cuya negociación para tratar de poner solución al problema no ha sido ni mucho menos a iniciativa propia. Ha sido la presión ejercida desde los movimientos sociales los que han obligado a dichos partidos a mover ficha.  Hay que condenar particularmente al PSOE por su oportunismo ya que durante su gobierno, ICV y IU plantearon repetidamente medidas para poner fin al drama de los desahucios. Medidas que siempre fueron rechazas por PP y PSOE.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el mayoritario del cuerpo, adoptó este domingo una decisión revolucionaria. Anunció que respaldará legalmente a los agentes que se vean incapaces de ejecutar desahucios. También pidió al Gobierno que tome medidas para paralizar los desalojos. Otras fuerzas sindicales tacharon de “barbaridad” y de “muy difícil” la aplicación de la propuesta del sindicato policial con más implantación.

En la Ertzaintza, su sindicato mayoritario, Erne, ha asegurado que la organización respaldará y ofrecerá defensa jurídica a los ertzianas que se nieguen a participar en procesos de desahucios.

También los magistrados han denunciado usura, abuso y enriquecimiento injusto de los bancos. El juez Moliner dijo: “Los jueces no son meros aplicadores de la letra de la ley.”

Las reacciones de la policía y los jueces ante las protestas son muy significativas. La política de recortes del PP y los ataques al nivel de vida de los trabajadores está provocando unos torbellinos de oposición. Se ven las primeras fallas en la maquinaria del estado. Simplemente la policía y la magistratura no tienen las ganas de seguir con la política del PP y sus consecuencias. El canal La Sexta ha emitido imágenes de la policía ocupando barrios como un ejército cuando van de casa a casa echando a familias de sus hogares. El sentimiento de gran injusticia es de un sabor muy amargo en la boca de todos nosotros ahora mismo. Incluso, la reina de la prensa televisiva del corazón, Ana Rosa Quintana, se atrevió a hacer un llamamiento a la desobediencia civil.

Debido a esta presión social, en Euskadi, Kutxa y Caja Laboral tuvieron que suspender de forma inmediata todos los desahucios, aún antes de que llegaran las medidas anunciadas por el gobierno el 15 de noviembre.

Aunque claramente insuficientes, las medidas temporales que el gobierno del PP va a aplicar, se pueden considerar una victoria ya que estas nunca se hubieran llevado a cabo sin la presión desde abajo y muestran que una lucha sostenida obliga al capital a hacer concesiones si el apoyo social es amplio y en este caso, lo ha sido.

Aún así, la lucha no debe de detenerse aquí. Las condiciones para poder acogerse a la moratoria de dos años son muy restrictivas y el problema no está ni mucho menos resuelto. Tanto la ley hipotecaria como la parte referente al tema en la ley de enjuiciamiento civil van a seguir sin tocarse, lo que implica que todo siga funcionando igual fuera de los casos que marca el decreto ley, o sea, desahucios y una deuda de por vida por las tasaciones, los intereses de demora abusivos y los costes judiciales. Al ser preguntado por la dación en pago, Luis de Guindos, ministro de economía, ha vuelto a remitirse al código de buenas prácticas bancarias, es decir, a la buena voluntad del banco.

Tal vez lo más triste sobre el caso de Amaia es que ella era militante del PSOE y ex concejala. Un partido que se llama ’Socialista’ debería ofrecer una visión del futuro y tener un programa para luchar contra las injusticias del capitalismo. Sin embargo estas tareas son de la izquierda auténtica. Nuestro reto es parar completamente TODOS LOS DESHUCIOS y NACIONALIZAR LOS BANCOS y utilizar su riqueza y su enorme parque de viviendas vacías para garantizar el derecho a una vivienda digna a través de alquileres sociales, no solamente para los desahuciados, sino para todos los trabajadores.

Desde 2008 medio millón de familias han perdido sus casas. Hay una ley para los trabajadores y otra para los banqueros que a pesar de haber dejado las cajas en la quiebra, se han llevado en el bolsillo cifras millonarias. Algunos ejemplos:

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