Vivimos una crisis ambiental que podría empeorar en 2050 y quién pagará la factura serán los trabajadores
Los gobiernos del PT, Lula y Dilma, representaron uno de los mayores retrocesos en las leyes ambientales. Como resultado de ello, vivimos una crisis ambiental que podría empeorar en 2050 y quién pagará la factura serán los trabajadores.
En el segundo mandato presidencial de lula, el país se posicionó como la séptima economía más grande del mundo y hacia el final del primer mandato de la presidenta Dilma, el país logró salir del mapa del hambre. Estos números, muy celebrados por el PT, sólo eran posibles en el corto y mediano plazo debido a una serie de cambios en las leyes ambientales, y a infraestructuras de mega-obras que beneficiaron a los terratenientes ya muy favorecidos.
En el primer mandato de Lula, aunque este siempre ha defendido las políticas de crédito para la agricultura familiar, la composición de crédito para PRONAF (Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar) en relación con el volumen entregado a la agroindustria ha demostrado una incoherencia entre el discurso hecho hasta ahora por el ex Presidente, con la práctica. Las inversiones en miles de millones de reales llegaron a 10,60% para la agricultura en 2002 y 2003 contra 89,40% para la agroindustria, en el mismo periodo; y el final del segundo mandato en 2009 y 2010, con el 13,95% de las explotaciones familiares y 86.98% para el agronegocio.
Además en su gobierno aprobó la ley de GM que benefició sólo las grandes empresas de biotecnología como Monsanto, Bunge, Cargill, entre otros, en desmedro de la agricultura familiar, ya que los cultivos de muchos de estos pequeños agricultores están siendo contaminados por plantas modificadas genéticamente, que les obliga a pagar regalías a los productores de semillas modificadas genéticamente, debido a las patentes. Además, el uso continuado de semillas transgénicas aumenta el uso de los pesticidas debido a la aparición de plagas de cultivos más resistentes, y contaminan los ecosistemas. Estas semillas también pueden causar graves daños a la salud humana, ya que hay pocas pruebas de sus efectos antes de que salgan al mercado.
Para dar continuidad a la política de favorecer a los grandes terratenientes, fue en el gobierno de Dilma que se produjo un retroceso de más de 30 años en la legislación de protección de los bosques, a través de cambios en el Código Forestal. Aprobado en 2012, incluso con una amplia discusión de los diversos sectores organizados de la sociedad civil, la comunidad científica y los partidos políticos que se oponían a los cambios, el presidente favorecía los intereses de los terratenientes y el nuevo Código Forestal fue aprobado, entre otras cosas, dio amnistía a los madereros, disminuyó las áreas protegidas para los biomas brasileños presentes en el viejo código (APPs y LR), y creó el concepto de la tierra rural consolidada para las propiedades rurales con ocupación preexistente al 22 de julio 2008.
Además, en el primer mandato de Rousseff se produjeron enormes inversiones principalmente de BNDES para construir complejos de presas para centrales hidroeléctricas, siendo Belo Monte uno de los más dañinos para el medio ambiente y las comunidades indígenas y ribereñas. Argumentando aumentar la producción de electricidad en el país, con el objetivo de ser licitados por las mismas empresas, que eran además los principales financiadores de la campaña electoral de Dilma. Este trabajo ha causado daños ambientales y sociales graves para las comunidades Xingu que tuvieron que abandonar sus tierras para dar paso a la producción de energía que muchos ni siquiera utilizan.
La gestión de Rousseff en la presidencia también tiene una gran parte de responsabilidad en la crisis del agua del sudeste, pues uno de los factores que más contribuyen a la disminución de las lluvias, es la deforestación. Según el Imazon (Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia), a través de la SAD (Sistema de Alerta de Deforestación), la deforestación amazónica aumentó 290% para septiembre de 2014 en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto produjo la disminucion de la humedad producida por la vegetacion endojena, y como consecuencia, la reducción de las precipitaciones en el sureste, más allá de la deforestación local el aumento de calor en los últimos veranos también contribuyó a la crisis.
Como si no bastase con toda esa complejidad de la degradación social y ambiental, en el gobierno Dilma también se produjo una intensa exploración de petróleo, lo cual es extremadamente perjudicial para los ecosistemas marinos y aumenta la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que hace una contribución importante de Brasil para al calentamiento global.
El informe sobre el desarrollo de 2011 del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) advierten que los países en desarrollo disminuirán el PIB adquirido en las últimas décadas debido al cambio climático. También informaron de que los países con un rápido aumento en el IDH registran un aumento en las emisiones de carbono, por la relación entre el desarrollo económico y la degradación del medio ambiente ya que basan su economía principalmente en la producción y venta de "commodities" que degradan los ecosistemas, así la crisis ambiental que se irá agravando hasta el 2050, puede ser más pronunciada en estos países, incluso pueden carecer de comida y agua.
Es necesario hacer un plan urgente de reforestación, luchar para cambiar el Código Forestal y para eliminar el uso del petróleo por otras fuentes de combustible y energía, que son menos contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente y la población, también es necesaria la lucha por la reforma agraria en el país. Además de no permitir que nuevos gobernantes continúen este modelo de desarrollo actual que degrada el medio ambiente y, especialmente perjudica a la clase trabajadora.
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