Desde el 9 de abril de 1948, cuando asesinan al líder del Partido Liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, la lucha entre los sectores explotados y oprimidos de Colombia con las elites gobernantes terratenientes y burguesas se transformó en una guerra civil prolongada.
Desde el 9 de abril de 1948, cuando asesinan al líder del Partido Liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, la lucha entre los sectores explotados y oprimidos de Colombia con las elites gobernantes terratenientes y burguesas se transformó en una guerra civil prolongada.
Guerra que ha pasado por diferentes etapas, donde se ha intentado buscar una salida política negociada entre las partes en conflictos. Pero hasta ahora han sido intentos frustrados; y las cuestiones principales de Colombia desde su constitución como nación, república, tales como la tenencia de la tierra, su distribución y explotación, así como de los recursos naturales que allí se encuentran siguen siendo asuntos pendientes.
Además de la garantía del respeto y reconocimiento de derechos políticos, sociales, económicos y civiles para una inmensa mayoría de la población que vive en la pobreza y en la explotación de las grandes corporaciones empresariales nacionales e internacionales.
Según fuentes de organizaciones independientes de Derechos Humanos en Colombia, desde enero de 1958 cuando oficialmente se reconoce una lucha armada entre movimientos guerrilleros y el Estado capitalista colombiano, más de 220 mil personas han fallecidos en el conflicto armado, 25mil desaparecidos y unos 5.7 millones de desplazados que representan el 15% de la población. Además se han contabilizado unas 1700 víctimas de violencia sexual y 6400 niños y adolescentes reclutados para ser parte de los grupos armados.
Estas son cifras que pueden ser aún mayores, tomando en consideración la corrupción e impunidad que existe en Colombia. Adicionalmente, un gigantesco costo económico y social.
En la última década, importantes movimientos sociales de la sociedad civil colombiana, estudiantes, académicos, movimientos campesino e indígenas, mineros artesanales, trabajadores del sector público entre otros sectores. Se han movilizado por toda Colombia superando las barreras del terrorismo de estado y de la guerra que les azota por más de 60 años.
Estas movilizaciones han tenido dos agendas centrales, los derechos humanos y reivindicaciones socio económicas; y, un llamado a la paz que ponga final a un conflicto que solo ha beneficiado a las elites gobernantes y los perros de la guerra; así como las transnacionales de la industria minera y petrolera, que ven el conflicto un terreno fértil para imponer sus condiciones leoninas a favor de sus interés corporativos; sumando al conflicto otra deuda incalculable como lo es impacto medioambiental.
Estas movilizaciones coincidieron paradójicamente con la mayor ofensiva militar de la historia reciente de un gobierno latinoamericano en un conflicto armado; con el apoyo de la principal potencial militar, política y económica, los Estados Unidos, que solo el año pasado tuvo un costo de 400 millones de dólares para la administración de Obama. Ofensiva militar que se realiza a través del Plan Colombia; plan de intervencionismo imperialista y militar acordando entre las elites gobernantes de los EEUU y Colombia en la década de los 90.
Con este plan, Colombia se consolido en la plataforma de intervención imperialista de los EEUU en la región. En el país, existen hoy bases Militares de los EEUU que junto al ejército colombiano han golpeado duramente las fuerzas y capacidad militar de la guerrilla más antigua del planeta las FARC-EP; que tuvo su cenit bajo la administración del presidente Uribe, líder de extrema derecha, al cual también se le acusa por ser el promotor de las llamadas autodefensa; cuerpos paramilitares al margen de la ley financiados por terratenientes con apoyo del ejército; que junto al narcotráfico paso a complicar aún más, el conflicto colombiano.
Esta ofensiva fue liderada también por el quien fue Ministro de Defensa de la administración de Uribe y hoy presidente y reciente premio Nobel de la paz Juan Manuel Santos. La operaciones militares que se desarrollaron en la última década, infligió una dura derrota militar al FARC, perdiendo a 3 de sus principales dirigentes. Obligando al principal grupo armado del país, iniciar un nuevo proceso de negociación que le dé una salida política al conflicto.
Todo este complejo cuadro de violencia, combinado con la desigualdad social. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina; una región que se caracteriza por ser una de las más desiguales del planeta; ha motivado una vez más, una solución política al conflicto, la Paz para Colombia.
En todo este contexto y después de una largo período de negociaciones en la Habana entre el gobierno y la FARC. El pasado 26 de septiembre llegaron a un acuerdo que pesar de los diferentes puntos de vista que existen en el amplio espectro político y social tanto en el país como en el exterior, fue celebrado con entusiasmo por la comunidad internacional; ya que cerraría un largo periodo de guerra en Colombia. Dicho acuerdo fue sometido el pasado 3 de octubre en un referendo, plebiscito nacional donde los colombianos darían su legitimidad o no al acuerdo.
La extrema derecha colombiana, liderada por el ex presidente Uribe, hizo una campaña de oposición apoyada por los sectores más conservadores de la iglesia católica para mover las bases conservadoras que aún existen en la sociedad colombiana, sobre todo la de los centros urbanos. Argumentando que no puede haber perdón a los terroristas “la guerrilla”, y que se convertiría Colombia en una segunda Venezuela “roja”, donde ser perdería los valores que han sostenido la sociedad colombiana “El derecho a la propiedad privada y la familia”.
El referendo fue ganando por la extrema derecha, pero se debe tener cuidado de interpretar el resultado electoral como un retroceso en las aspiraciones de Paz del pueblo colombiano.
Según datos oficiales de 48 millones de colombianos, 34.899.45 millones estaban convocados a participar. Solo 13 millones manifestaron su voluntad a favor o en contra, representando solo el 37,43% de la población, es decir hubo un 62,57% de abstención. Además de la poca participación; esta fue polarizada y el margen de diferencia fue apenas de 0,5%, entre los que apoyaban el acuerdo y los que no.
Varias variables se expresaron en el resultado electoral; por ejemplo, las poblaciones más afectadas por el conflicto, las comunidades rurales campesinas e indígenas, no se manifestaron ampliamente, la abstención en esas regiones fue sobre el 70%. También las zonas costeras del Caribe donde la abstención también fue alta; ya que esa región sufrió los embates del paso del Huracán Mathew.
Varios comentarista hablan de una derrota política del presidente Santos que tiene al proceso de paz como su carta fuerte de presentación para la reelección en el 2018, y un triunfo del llamado hombre fuerte de Colombia, Uribe que también tiene aspiraciones de volver a la presidencia. Otros ya hablan de un nuevo proceso frustrado por la paz en Colombia.
La paz en Colombia será un hecho, no porque así lo deseen los perros de la guerra y las elites colombianas, sino porque es una demanda central del pueblo y los trabajadores colombianos. Pero será una realidad, en la medida que los procesos de negociación sean más transparentes y de real beneficio para la población: los campesinos sin tierras, los mineros artesanales desplazados y explotados por las trasnacionales, los pequeños productores del campo, así como toda la clase trabajadora y sociedad civil colombiana, que se mantiene movilizada por una Colombia más justa y democrática.
Estas demandas podrán tener paso adelante en los acuerdos entre el gobierno y las FARC y el otro grupo armado, pero de menor capacidad de fuerzas, las ELN, que ya anunciaron recientemente, desde Caracas, Venezuela que también se incorporan al proceso de negociación.
Pero los problemas de fondo que originaron el conflicto hacen más de 60 años, no se lograran con un acuerdo de Paz entre las elites y los líderes de los grupos armados; sin que este no cambie de fondo el modelo colonial que impera en Colombia y no se amplía la participación de toda las capas de la sociedad colombiana organizadas y movilizadas, que son las que sufren directamente las consecuencias de conflicto.
Además, las movilizaciones de la sociedad civil, de los partidos y organizaciones de izquierda, de la juventud y los estudiantes y demás movimientos sociales, deben transformarse en una poderosa fuerza organizada, que plantee una revolución del Estado y la sociedad colombiana; esto será una proceso complejo y difícil, que no solo depende de las fuerzas revolucionarias y progresistas de Colombia; pues las tareas revolucionarias para transformar Colombia en un territorio de paz y justicia social, no es solo de la clase trabajadora y los movimientos sociales de ese país, sino también, de sus hermanos de clase de todo el mundo.
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