¡Libertad presos políticos! ¡Huelga general ya!
Siguiendo la estrategia del gobierno de Rajoy y del bloque monárquico reaccionario, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para ocho consejeros del Govern de la Generalitat, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras. La decisión constituye el mayor atentado contra la democracia en cuarenta años perpetrado por la burguesía española, el Estado heredero del franquismo, y todos los partidos que sustentan el régimen del 78. Hoy encarcelan a los miembros de un gobierno elegido democráticamente por proclamar la república catalana; mañana podrán encarcelar con los mismos argumentos legales a todos aquellos que nos rebelemos contra las injusticias del sistema y desafiemos abiertamente el orden capitalista.
Este ataque no es sólo un intento de reprimir por la fuerza el movimiento del pueblo catalán por el derecho a decidir, es un ataque contra las libertades y los derechos democráticos de todos los trabajadores y de toda la juventud, de Catalunya y de fuera de Catalunya.
La querella del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza en la que se acusa a Puigdemont y a todos los miembros del Govern del delito de “rebelión” y “sedición”, y que es tomada en consideración con este auto de prisión, tiene una trascendencia histórica e internacional. Frente a un pueblo movilizado pacíficamente, que tuvo que resistir una represión policial salvaje el 1 de octubre, que paralizó toda Catalunya en una huelga general ejemplar dos días más tarde, las fuerzas políticas y las instituciones del Estado que defienden la España una, grande y libre, que han arrojado a millones de personas al desempleo, que han recortado hasta el hueso la sanidad y la educación pública, que tienen sus filas llenas de corruptos y ladrones, desatan una auténtica “causa general” al más puro estilo del franquismo. Ha quedado claro que están dispuestos a todo, incluso llenar las cáceles de presos políticos.
Lo que motiva a estos reaccionarios, entre los que hay que incluir de manera muy señalada a los dirigentes del PSOE, no es la defensa ni de la democracia ni del estado de derecho. Todo lo contrario. No les ha bastado la aplicación del artículo 155 que suspende la autonomía de Catalunya. Quieren humillar a todo un pueblo, quieren poner de rodillas a los millones que han salido a las calles para decir basta ya a una monarquía reaccionaria y a un gobierno que desprecia sus justas aspiraciones.
Basta analizar lo que propone el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para hacerse una idea de las pretensiones del Estado, del gobierno del PP y de sus aliados políticos. La querella considera que la jornada del 1 de octubre y los días previos y posteriores “constituyeron una insurrección, un levantamiento violento, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado (…) Los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada”.
Es decir, que el movimiento de millones de ciudadanos pacíficos ejerciendo su legítimo derecho a votar es considerado por el máximo fiscal del Estado, puesto a dedo por el PP, como un “levantamiento violento”. ¡Y todos los políticos que respaldan esta querella, incluidos los dirigentes del PSOE, afirman que así se defiende la “democracia”!
La jornada de huelga del 3 de octubre también es calificada por el fiscal general: “La huelga no fue convocada en defensa de los derechos de los trabajadores, sino como un acto más de fuerza”. La Fiscalía sostiene que “los hechos dirigidos a la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república, ponen en objetivo peligro los fundamentos del Estado de Derecho (…) que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”.
El delito de rebelión, que en el código penal implica la utilización de la violencia, puede acarrear una condena de 30 años de cárcel. Para fundamentar su querella infumable, el fiscal general señala ahora que tal delito “no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”, y cita como jurisprudencia la sentencia del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, donde el Tribunal Supremo llegó a estimar que la rebelión se puede llevar a cabo “de modo incruento”.
La querella de la Fiscalía del Estado es sólo la punta del iceberg. Las fuerzas que han aplastado la libertad y la democracia y reprimido con saña a los trabajadores y el pueblo en otras ocasiones, están completamente envalentonadas. La tribuna escrita por el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Jemad), general Fernando Alejandre, en el diario ABC no deja lugar a dudas: “la historia demuestra que, llegado el caso, los españoles y con ellos las Fuerzas Armadas, sabemos defender nuestra Nación”. La situación es clara: sólo pondremos freno a este carnaval de la reacción si emprendemos la lucha más masiva y decidida.
Es la hora de la huelga general y la movilización de masas
Los políticos burgueses del PDeCAT fueron mucho más lejos de lo que querían tras ser empujados por la impresionante movilización del 1 y 3 de octubre (de ahí sus caras de funeral cuando el Parlament proclamó la república). Desde que la burguesía catalana comprendió que se había abierto una crisis revolucionaria y exigieron a Puigdemont y los suyos que recularan, todo lo vivido desde el 3 de octubre han sido maniobras constantes para retroceder y ceder ante el PP y el Estado español.
Pero sus cálculos no han valido de nada. El Estado y el bloque monárquico reaccionario quieren dar una lección inolvidable no sólo al pueblo de Ctalunya, sino a todo el movimiento obrero y la juventud, mandando un mensaje muy claro: abandonar cualquier esperanza de cambiar las cosas, de transformar la realidad, por que si lo hacéis a través de la lucha y la movilización os arriesgáis a acabar en la cárcel.
Este es el sentido del auto de prisión contra el Govern. Pero el PP y sus aliados han llegado muy lejos. Con sus brutales medidas están creando todas las condiciones para una respuesta en las calles aún mayor que el 1 de octubre. Si creen que el pueblo y la juventud catalana va a permanecer impasibles ante este atropello es que no han comprendido nada. E igual ocurrirá en el resto del Estado cuando las brumas de esta feroz campaña españolista se disipen.
Conscientes de lo que hay en juego, y debido a la enorme fuerza del movimiento a favor de la república catalana, el gobierno de Rajoy, el aparato del Estado, la Corona, el Ejército y los partidos del régimen —destacando el PSOE de Pedro Sánchez— han trazado una estrategia represiva brutal, que quieren adornar “democráticamente” con la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Al mismo tiempo, y para reforzar su posición, endurecen la campaña del miedo y siembran la división y el enfrentamiento en el seno de los trabajadores y del pueblo de Catalunya.
Después de lo sucedido cabe preguntar ¿Qué hará el PP y los que le apoyan si en las elecciones del 21 de diciembre las organizaciones partidarias de la república catalana obtienen la mayoría? Ya hay políticos del PP como Xavier Albiol que han propuesto prolongar el artículo 155, lo que en la práctica significaría establecer una dictadura en Catalunya.
Desde Izquierda Revolucionaria apelamos al conjunto de la izquierda catalana que lucha, a responder con la misma fuerza y contundencia al desafío de la reacción. Los dirigentes de la CUP, de Podem, de Catalunya en comú, de los sindicatos de clase que están en contra del 155, deben organizar inmediatamente movilizaciones masivas que incluyan la huelga general para paralizar Catalunya. Y lo deben hacer con un programa claro:
* Por la derogación inmediata del 155 y la restitución de todos los derechos democráticos eliminados por el gobierno del PP. ¡Por al libertad inmediata de todos los presos políticos! Retirada de todas las fuerzas policiales y de la guardia civil de Catalunya.
* Por una república catalana que ponga fin a los desahucios y los recortes, que defienda la educación y sanidad públicas de calidad, que nacionalice la banca y las grandes empresas bajo control democrático de la población para crear millones de puestos de trabajo con salarios dignos.
La obligación de la izquierda que lucha es demostrar al conjunto de la clase trabajadora de Catalunya, especialmente a los que emigraron en los duros años de la postguerra y cuyas familias sufrieron el desprecio clasista, racista y humillante de la burguesía catalana, perpetuado con los Pujol y compañía, que la república catalana que queremos no es la de la oligarquía sino la del pueblo y la de los oprimidos. Hay que dirigirse a los trabajadores catalanes, volcarse hacia las fábricas y empresas, para dejar claro el engaño del PSC y de todos aquellos que, usurpando los valores de la izquierda, están apoyando las medidas de la reacción y no dudan en unirse incluso a los elementos fascistas que durante cuarenta años nos sometieron a una dictadura atroz. A todas las familias obreras que pueblan las ciudades del cinturón rojo de Barcelona y de numerosas localidades catalanas, y que recelan con razón de Puigdemont y los suyos, los ganaremos si frente a una monarquía capitalista que defiende los intereses de la oligarquía financiera, de los corruptos y los franquistas, oponemos una república socialista que garantice los derechos democráticos de todos.
Las proclamaciones y declaraciones en abstracto de la república, como han pretendido hacer Puigdemont y Oriol Junqueras, sirven de poco frente a la actual ofensiva del bloque reaccionario monárquico y su Estado. Lo que falta no es fuerza, sino decisión por parte de los dirigentes de la izquierda para basarse en la inmensa capacidad de lucha mostrada por millones de personas, por la juventud estudiantil, y organizar la huelga general contra el 155, imponer un gobierno de izquierdas que haga realidad una república socialista, y desalojar a Puigdemont y a los políticos burgueses del PDeCAT de la dirección de un movimiento de liberación nacional. Ésta es la tarea de la CUP, de Catalunya en Comú, y de Unidos Podemos.
Sólo hay una manera de acabar con la confusión y neutralizar la campaña del nacionalismo españolista: uniendo a los trabajadores y la juventud del resto del Estado con sus hermanos de clase en Catalunya a través de la movilización masiva para derrotar estas medidas autoritarias, defender los derechos democráticos y sacar al PP del gobierno. Desde Izquierda Revolucionaria lo decimos claro: ésta es la tarea y la responsabilidad de la dirección de Unidos Podemos, de Pablo Iglesias y Ada Colau.
Vivimos acontecimientos decisivos. La clase dominante española y catalana ve con terror y odio la república catalana. La razón no es sólo porque quebraría la idea de España, una, grande y libre. Saben que esta conquista sería el preludio a una lucha aún más intensa y trascendental a favor de los oprimidos, contra la dominación de los capitalistas, contra el orden social establecido y por una república socialista en Catalunya y una república socialista federal, basada en la unión libre y voluntaria de los pueblos y naciones que componen actualmente el Estado español. Una lucha que ya está ganando la solidaridad activa de las masas oprimidas de Europa y de todo el mundo.
¡Afíliate a Izquierda Revolucionaria para luchar por la república socialista!
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