El estallido de las protestas esta semana contra el nuevo Presupuesto de 2018, que supone una batería de medidas contra la clase trabajadora y la clase media, ha vuelto a poner en evidencia a todos aquellos que hablaban de la “exitosa transición democrática” de Túnez. En realidad el país sigue siendo un campo de batalla entre las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución.
Durante los últimos cuatro días han estallado protestas en numerosas partes del país, así como disturbios y enfrentamientos callejeros violentos entre jóvenes y la policía, especialmente en las regiones marginadas del interior y en los suburbios de clase trabajadora de Túnez y otras ciudades. Tras haber respondido inicialmente a una campaña lanzada por activistas en las redes sociales (#Fech_Nestannew # فاش_نستناو “¿A qué estamos esperando?”), la gente está expresando la rabia acumulada a fuego lento contra la degradación de sus condiciones de vida.
El presupuesto de 2018, votado el 9 de diciembre, incluye una serie duras medidas dirigidas contra los sectores más pobres de la sociedad, en particular el aumento del IVA que eleva los precios de productos básicos como medicinas, combustible y alimentos, el establecimiento de una nueva contribución a la seguridad social, y nuevos impuestos aduaneros sobre productos importados. Diversos estudios señalan que los hogares tunecinos gastarán hasta 300 dinares más de media cada mes como resultado dichas medidas.
Este duro ataque contra la clase trabajadora ha sido preparado con la estricta supervisión y el aplauso del Fondo Monetario Internacional, que está ejerciendo una intensa presión para acelerar el ritmo de las llamadas “reformas estructurales”, cuyo objetivo es garantizar el pago de la deuda pública a los especuladores financieros. Contrariamente a lo que se dice, esta deuda nada tiene que ver con el “alto volumen de los salarios” de los trabajadores del sector público, sino que es un regalo envenenado heredado de la mafia que estaba en el poder antes de la revolución. El pueblo tunecino nunca ha visto ni un centavo de ese dinero.
El Estado ha respondido al movimiento con la fuerza, arrestando a cientos de personas e incluso planteando órdenes de busca y captura preventivas contra activistas que realizaron declaraciones o escribieron consignas convocando las protestas. El lunes por la noche un hombre de 43 años murió después de haber sido atropellado por un vehículo policial en la localidad de Tebourba, a 30 km al oeste de la capital. El gobierno no ha tenido ningún problema en llevar adelante metódicamente duras medidas austeridad mientras aumentaba enormemente el nuevo presupuesto de los ministerios de Defensa e Interior en un contexto de creciente criminalización de las protestas. El estado de emergencia, renovado constantemente desde noviembre de 2015, se utiliza para reprimir los derechos democráticos, y el año pasado se decretaba por el gobierno la militarización de ciertos centros de producción como reacción a los movimientos sociales en el sur del país. Sobre todo esto, Trump y otros líderes imperialistas occidentales, que dieron la bienvenida hipócritamente a las recientes protestas en Irán, han permanecido en absoluto silencio al darse estos acontecimientos en un territorio bajo su esfera de influencia.
Divisiones en líneas de clase
La insultante brecha de riqueza que fue la base del levantamiento revolucionario contra el régimen de Ben Ali hace siete años se ha expandido aún más desde entonces. Túnez es señalado incluso por la propia UE capitalista por ser un “paraíso fiscal” para los súper ricos, mientras que los precios de los productos básicos, especialmente los alimentos, baten récords, un fenómeno agravado por la especulación y por el desmantelamiento progresivo del sistema de subsidios por los sucesivos gobiernos. El déficit comercial se ha triplicado en siete años reduciendo el valor del dinar tunecino, elevando los costos en el pago de la deuda y hundiendo los niveles de vida de la mayoría de la población. No es de extrañar que en una reciente encuesta el 73.3% de la población piense que la economía va “en una dirección equivocada”.
La situación en las regiones más pobres del interior es particularmente explosiva, ya que las comunidades locales no han visto ningún cambio ni ningún tipo de inversión pública significativa. Muchos jóvenes tienen la sensación de que dieron su sangre en 2010-2011 por más miseria y desempleo. Cualquier chispa puede incendiar la pradera, como demuestra el ejemplo de Sejnane, una localidad que ha presenciado dos huelgas generales en menos de un mes a finales del 2017 en protesta por el desempleo, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. El movimiento estalló como consecuencia de la autoinmolación de una madre de cinco hijos frente a la sede del gobierno local, un trágico episodio similar a la chispa que hizo estallar la llamada Primavera Árabe en diciembre de 2010.
Incluso de acuerdo con cifras del Banco Mundial la clase media en Túnez se ha visto reducida a la mitad desde 2011. Solo con esto se ve el dilema que enfrenta el capitalismo en Túnez: la clase dominante se ha visto forzada por la revolución 2011 a disfrazarse con los accesorios de una democracia parlamentaria, pero carecen de una base económica estable. Los últimos seis años se ha registrado un crecimiento económico medio inferior al 1%, lo que impide a los capitalistas poder otorgar concesiones sustanciales a los trabajadores y a los pobres que pudieran proporcionar al nuevo sistema político remodelado una base social significativa de apoyo.
Un ejemplo de esta realidad es que nueve gobiernos se han sucedido en menos de siete años desde la caída de Ben Ali. Todos se han tambaleado, y a veces incluso han caído, como consecuencia de estallidos sociales desde abajo. No será diferente con el régimen actual. El llamado gobierno de “unidad nacional” de Youssef Chahed está compuesto por cuatro partidos, desempeñando el rol principal Nidaa Tounes (una maquinaria política de reciclaje sucesora del RCD ahora disuelto de Ben Ali) y Ennahda (el partido islamista de derechas que gobernó el país hasta 2013). Ambos se enfrentan a crisis internas y han sufrido escisiones.
Nidaa Tounes es también el partido del presidente de la República Caid Essebsi y es gobernado por su propio hijo Hafedh. Este último es una de las figuras más odiadas de Túnez, y el líder de Ennahda, Rached Ghannouchi, ocupa el segundo lugar de dicha lista. Según las encuestas alrededor del 70% de las personas se abstendrá en las próximas elecciones municipales. Todo esto demuestra el nivel de impopularidad del establishment gobernante, que se intensificó tras una remodelación de Gobierno que recuperó a individuos con vínculos directos con el régimen de Ben Ali.
El año pasado el gobierno trató de superar su creciente descrédito iniciando una “campaña anticorrupción”. La corrupción está aún más extendida de lo que solía estar bajo el régimen de Ben Ali. Dicha corrupción, antes estrechamente controlada y centralizada por los círculos cercanos del ex dictador, ahora ha florecido por todas partes. La corrupción colosal de la elite gobernante fue un factor importante que alimentó la revolución y la clase política es muy consciente de ello. Esta campaña contra la corrupción se ha traducido principalmente en unos pocos arrestos de figuras destacadas corruptas involucradas en redes de contrabando. Pero no existe confianza en que el gobierno pueda abordar seriamente este tema, especialmente desde que los propios partidos gobernantes han diseñado la mal llamada “ley de reconciliación” que ha servido para restituir funcionarios del Estado implicados en casos de corrupción durante la era de Ben Ali, y que fue aprobada por el Parlamento el pasado septiembre.
El papel traidor de los dirigentes sindicales
Desgraciadamente los principales dirigentes de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) han tenido una actitud muy colaboracionista con el gobierno en sus planes de austeridad, aunque recientemente el movimiento les obligó a tomar distancia al menos de palabra. A lo largo de 2017 los principales medios de prensa han elogiado al secretario general Noureddine Taboubi, ya que su elección al frente de la Federación sindical ha marcado un giro hacia formas más abiertas de colaboración de clases. Habiendo actuado como “asesores sociales” del actual gobierno neoliberal, y no habiendo dado ningún paso de cara a preparar la lucha contra las medidas antisociales de aquel contra los trabajadores y los pobres, ahora los principales líderes de la dirección de la UGTT tratan de aparecer del lado de los oprimidos Correctamente los manifestantes no esperaron directrices de la dirección del sindicato para salir a las calles, o habrían tenido que esperar eternamente.
Los dirigentes sindicales muestran su sorpresa por los actos de violencia y por los saqueos. Ciertamente hay que oponerse a dichos actos de vandalismo ya que favorecen directamente al aparato del Estado, proporcionándole un pretexto para tratar de desacreditar las reivindicaciones del movimiento y justificar la represión contra manifestantes pacíficos. Los agentes provocadores y los saqueadores deben ser aislados y marginados por el movimiento. Sin embargo, la responsabilidad de esta deriva también es consecuencia de la actuación de estos mismos dirigentes sindicales. Muchos jóvenes pobres y alienados se ven atraídos al callejón sin salida de dichas acciones desesperadas como consecuencia del abandono de dichos “dirigentes”, que se niegan a tomar cualquier iniciativa seria de cara a liderar una batalla resuelta contra las condiciones sociales intolerables que padecen los jóvenes.
Si estos dirigentes no están listos para tomar medidas serias que permitan ampliar y fortalecer el movimiento actual deberían ser reemplazados por personas que sí estén dispuestas. La necesidad de levantar un poderoso movimiento huelguístico contra el Presupuesto de 2018 debe plantearse seriamente en cada sección de la UGTT por todo el país. Después de todo, fue el poder organizado de la clase obrera lo que selló el destino de Ben Ali hace siete años, el mismo poder que derrotará a todos los que intentan continuar con las políticas económicas del antiguo régimen.
Los líderes de la coalición de izquierda ‘Frente Popular’ tienen razón al pedir que se intensifiquen las movilizaciones. Pero su llamamiento al mismo tiempo a “elecciones inmediatas” no se corresponde con lo que ahora exige la situación. Por supuesto, no estamos por principios en contra de unas elecciones que supondrían una rápida caída del gobierno actual. Pero plantear dicha idea en el punto álgido de la batalla revela la perspectiva tradicional de los dirigentes del Frente Popular de desviar el desenlace de lucha de clases del la batalla social en las calles hacia los canales seguros de la política institucional. Muchos no han olvidado que en 2013 estos dirigentes desperdiciaron dos maravillosas oportunidades revolucionarias adoptando una estrategia similar.
Desde nuestro punto de vista se necesita organizar un potente frente único de lucha que reúna a los activistas de la campaña “¿A qué estamos esperando?”, a trabajadores y sindicatos, a organizaciones de parados y comunidades locales, a activistas políticos y sociales, que intensifique la lucha hasta que se acabe con el Presupuesto de 2018, y junto con él, con el responsable del mismo, el gobierno de Chahed. Pero como demuestra ampliamente la experiencia de los últimos siete años, a menos que el movimiento construya su propia expresión política independiente basada en las demandas de la revolución, la clase dominante capitalista conseguirá continuamente conformar nuevos gobiernos que se adapten a sus intereses y aplastará las aspiraciones del pueblo. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, se deberían establecer comités de acción masivos en los lugares de trabajo y en las comunidades para levantar un movimiento desde abajo hacia arriba, para coordinar una lucha política de masas destinada a derrocar al gobierno, y para preparar la conformación de un gobierno popular revolucionario basado en representantes elegidos democráticamente de trabajadores, campesinos pobres y jóvenes. Con políticas socialistas democráticas, basadas en la propiedad pública de bancos, fábricas y latifundios, se podría construir un futuro radicalmente diferente para la mayoría.
¿Qué defendemos?
- Abajo el Presupuesto de 2018 – No al pago de la deuda
- Revertir los aumentos de precios – Defender y extender los subsidios estatales – Salarios y prestaciones adaptados al costo de la vida
- Liberación inmediata de todos los activistas arrestados – Fin ya del estado de emergencia
- Planificar ya huelgas generales por regiones como preparación de una huelga general nacional de 24 horas que acabe con gobierno de Chahed
- Por un vasto plan de inversiones públicas en infraestructura y desarrollo para las regiones del interior, y para proporcionar empleos con salarios dignos a los parados
- Nacionalizar los bancos, las grandes empresas y los latifundios bajo el control democrático del pueblo
- Por un gobierno popular basado en representantes de los trabajadores, los campesinos pobres y los jóvenes, elegidos democráticamente en los centros de trabajo, pueblos y comunidades
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