Los pasados días 8 y 9 de Octubre se celebraba en Madrid un juicio por el que nos pedían un total de 21 años de cárcel a una familia de cinco inmigrantes ecuatorianos y a dos personas que pasábamos por la calle justo en el momento en que éstos eran brutalmente agredidos por la policía.
En octubre de 2010 fui testigo de cómo un agente de policía golpeaba con saña a una joven tirada en el suelo que entre lloros pedía auxilio y que dejaran de pegarle. Mientras, sus familiares se encontraban retenidos contra la pared llorando y pidiendo que la dejaran en paz. Por haber presenciado y grabado esos hechos fui detenido, golpeado y amenazado de muerte por un policía tanto en la calle como en los calabozos en los que me hicieron pasar 39 horas.
Durante la estancia en los calabozos el policía que nos agredió fue consciente de que era el Secretario General del Sindicato de Estudiantes gracias a la campaña de denuncia por parte de mis compañeros pidiendo nuestra liberación y saturando de llamadas telefónicas la comisaría en la que nos encontrábamos retenidos.
Fue entonces cuando las amenazas y los golpes se intensificaron por parte de este agente dentro de las dependencias policiales: “me da igual cuantos abogados tengas, hoy no vas a salir de aquí, te voy a matar”. Más allá de las amenazas y de los golpes que sufrimos por parte de este salvaje, lo cierto es que él estaba enormemente preocupado por lo que pudiera suceder, así que lo primero que hizo fue robarme el teléfono móvil donde había grabado la agresión a la joven inmigrante, y lo segundo redactar un atestado policial que sólo se puede calificar como un auténtico montaje, lleno de mentiras y acusaciones falsas.
Un montaje policial al descubierto
Con lo que no contaba este policía es con que un vecino, igual que hice yo, también grabó lo sucedido aquella noche. Sin embargo por suerte para nosotros a él no le pudieron robar el móvil porque no le vieron grabar.
Tras las declaraciones policiales en el juicio del pasado mes de octubre (hasta 6 agentes de policía relataron su versión de los hechos) quedó comprobado que estábamos asistiendo a un montaje policial grotesco. En primer lugar las versiones de todos y cada uno de los agentes eran contradictorias entre sí, llegando el esperpento a que ni siquiera se ponían de acuerdo en cuantas personas estábamos en ese momento en la calle y donde ninguno reconoció o sabía por qué se nos había detenido, quién lo había hecho u ordenado, ni cómo llegamos esposados a comisaría.
Sobre el número de personas que en ese momento nos encontrábamos en la calle, uno de los policías mencionó a 8, mientras que otro policía llegó a declarar que éramos casi 30 (!!). Algunos agentes hablaron de botellas de cristal estalladas contra el suelo, inmigrantes que metían niños pequeños en medio de una trifulca propia de una película de Hollywood para dificultar la intervención policial, y alguno llegó a indicar que desde los balcones se lanzaban adoquines contra los agentes… todas estas afirmaciones se realizaron al tiempo que otro policía manifestó que ni se lanzaron objetos, ni había cristales en el suelo y mucho menos niños que fueran introducidos en la escena.
La maraña de falsedades quedaba desmontada por las propias declaraciones policiales, pero sobre todo gracias a la existencia del vídeo, en el que lo principal y más destacado es que se ve con total nitidez que allí no sucedió nada de lo declarado, pero que sin embargo sí se recogen los gritos desesperados de los vecinos pidiendo que dejaran de golpear a la joven, y las imágenes del agente que le pega a ella se dirige a mí para abofetearme, agarrarme del cuello, amenazarme, golpearme en una pierna para tirarme al suelo mientras estoy con las manos en alto y contra la pared.
La justicia al servicio de la impunidad policial
Las evidencias fueron tales y la presión realizada por la campaña de solidaridad tan fuertes, que finalmente a la jueza que debía resolver el juicio no le ha quedado más remedio que dictar la absolución de seis de los siete detenidos. Y a la única persona contra la que mantiene la condena tiene que aplicarle una importante rebaja respecto a lo solicitado por la acusación particular de la policía —pasando de tres años a un mes y medio de ingreso en prisión, conmutable por una multa de unos cientos de euros—.
Escandalosamente la única persona para la que no se dicta absolución es para una joven de 21 años y poco más de un metro y medio de altura que fue insistentemente golpeada. La única explicación que cabe a esta resolución es que haber decretado la libre absolución de los 7 acusados llevaría implícito el reconocimiento de la detención ilegal, la falsedad documental y la violencia gratuita que sufrimos aquella noche siete personas que nos dimos de bruces con una redada racista y un agente acostumbrado a golpear a jóvenes y a mujeres inmigrantes con total impunidad.
La movilización y la campaña de solidaridad claves de nuestra absolución
Esta es la justicia de un sistema podrido que garantiza la impunidad y premia la violencia policial. Un sistema que en lugar de indagar en las contradicciones manifiestas de los seis policías que declararon en el juicio, prefiere dejarlas pasar por alto y no acusarlos de falso testimonio y falsedad documental, mientras se condena a una mujer víctima de la violencia racista y misógina.
Una justicia que vemos como día a día no persigue a especuladores o evasores fiscales y mucho menos a comisionistas e intermediarios en la venta de armas, pero que sí deja en la calle a violadores y maltratadores. Una falsa justicia que debe ser respondida por la acción y la movilización social para que deje de golpear a quienes defienden sus derechos democráticos y legítimos.
Es gracias a esta movilización por lo que esta resolución en la que nos pedían 21 años de cárcel ha sido rebajada a un mes y medio. Este impresionante resultado no habría sido posible si no es por la enorme campaña que los compañeros del Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria desarrollaron para denunciar públicamente lo que nos estaba sucediendo, y que en apenas unos días consiguió que decenas de miles de personas en todo el Estado conocieran de esta situación, y que los juzgados que debían resolver la sentencia fueran inundados por miles de resoluciones pidiendo nuestra absolución. También gracias al apoyo y solidaridad decenas de colectivos sociales y organizaciones de la izquierda que apoyaron nuestra causa: activistas de la PAH y de CocaColaEnLucha, de La Comuna Presxs del franquismo, del PCE, diputados de Podemos e IU, representantes de las federaciones de enseñanza de CCOO y UGT, STE`s, de la CEAPA…
Si alguna lección arroja este desenlace es que incluso en los tribunales la única forma de garantizar nuestros derechos es con la movilización y la lucha. Gracias a todos y todas por haber hecho posible esta gran victoria.
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