En las últimas semanas, la oposición derechista hacia el presidente boliviano de centro-izquierda Evo morales ha subido dramáticamente al culminarse los conflictos que se estaban fraguando recientemente.
Traducido por Sofia Brough Aparicio, Londres
En las últimas semanas, la oposición derechista hacia el presidente boliviano de centro-izquierda Evo morales ha subido dramáticamente al culminarse los conflictos que se estaban fraguando recientemente.
Son dos asuntos en particular los que han despertado el malestar de la opsición de la derecha boliviana. El primero trata del voto en la Asamblea Constituyente (elegido para re-escribir la constitución boliviana) que permite el que cada artículo nuevo de la constitución ser aprobado por mayoría simple en vez de la mayoría de los dos tercios requerida por la constitución actual. Como el MAS obtuvo el 54% de los escaños de la Asamblea, les da el poder para escribir cada artículo de la constitución unilateralmente, aunque la versión final todavía tendrá que ser aprobada por una mayoría de dos tercios.
El segundo punto que también provoca la resistencia de la oposición es la modificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la más controvertida de todas, que permitirá al gobierno boliviano el expropiar la tierra que no cumpla una función económica, productiva o social y distribuirla entre las comunidades indígenas. Estas modificaciones fueron aprobadas por la Cámara de Diputados que está controlada por el MAS, pero todavía tienen que ser aprobadas por el Senado que está dirigido por el partido neoliberal, Poder Democrático Social (Podemos).
Aunque estos cambios fueron legales y moderados en relación con las demandas de los movimientos sociales que pusieron a Morales en poder hace menos de un año, la respuesta de la derecha boliviana ha sido enorme. En días recientes:
Senadores neoliberales de Podemos y el partido Unidad Nacional (UN), quienes tienen una mayoría pequeña, se están negando a abrir la próxima sesión del Senado, una acción que pararía casi todos los asuntos del gobierno federal.
Seis de los nueve prefectos bolivianos han roto con el gobierno de Morales oficialmente y han pedido una reunión nacional en Cochabamba, “…para debatir los peligros de la democracia en Bolivia y defender la institucionalidad, la ley y la unidad del país” (Los Tiempos, 19/11/2006).
Siete asambleístas del UN han iniciado una huelga de hambre, anunciándose a toda pagina en los principales periódicos de Bolivia y pidiendo la gente que se una a la huelga.
Podemos apoya la huelga de hambre y ha dicho que registraría una queja formal con la Organización de Estados Americanos y el Unión Europea.
Los dirigentes de la industria boliviana agropecuaria han declarado un estado de emergencia, han convocado manifestaciones, y han amenazado con no enviar productos agriculturas la zona occidental del país si se aprueban las modificaciones.
La oposición representa a Morales como una amenaza grave para la democracia boliviana. Podemos ha dicho que “recurriremos a todos los ámbitos regionales, jurídicos, internacionales para que no se atente contra nuestra democracia y para que se preserve la unidad” (Los Tiempos, 21/11/2006). El partido UN ha comprado anuncios en periódicos donde advierten que “Están en riesgo nuestros derechos, el futuro de nuestros hijos, nuestra propiedad” (Los Tiempos, 19/11/2006). También, los latifundistas bolivianos han prometido una “batalla dura” para luchar contra “las acciones totalitarias del partido de Gobierno…” (Los Tiempos, 17/11/2006).
Morales ha respondido severamente a los que se oponen a los cambios sobre la forma de votar en la Asamblea Constituyente diciendo, “sí o sí, diga lo que diga y haga lo que haga la oposición, la Asamblea con mayoría absoluta va a ir adelante…hasta el 6 de agosto de 2007 el país contará con una nueva Constitución…con o sin…los opositores” (Los Tiempos, 21/11/2006).
Mientras tanto, durante las últimas semanas, miles de campesinos e indígenas han marchado de Santa Cruz a la Paz, (851 Km.) aumentando en número cada día y anunciando que van a cerrar el senado si no se aprueban las reformas a la ley INRA. Hasta ahora, Morales ha dado su apoyo a la marcha, diciendo que, “Si algunos, como antes, no querían y no quieren cambiar la ley, el pueblo se levantará para modificar a la fuerza esta norma que beneficia a las mayorías” (Los Tiempos, 17/11/2006).
Aunque nadie puede saber con exactitud qué camino van a tomar dichos acontecimientos, sí está claro que la estrategia de Morales de gobernar hasta ahora—sus intentos de pacificar las transnacionales y las élites bolivianas por un lado y los movimientos sociales de los campesinos, indígenas, y trabajadores por el otro — es en realidad un intento de reconciliar lo irreconciliable al intentar que cohabiten los movimientos revolucionarios de masa con las fuerzas de la oposición. Al hacer esto se está permitiendo que las fuerzas de la sociedad boliviana más reaccionarias tengan la capacidad de organizarse y prepararse.
Cuando los movimientos sociales de Bolivia echaron a dos presidentes neoliberales, en 2003 y 2005 respectivamente, y forzaron la elección que llevó a Morales al poder, tenían tres demandas principales: 1) Nacionalizar los hidrocarburos para que la gente boliviana pueda beneficiar de su recurso natural más preciosa, 2) Convocar una Asamblea Constituyente para que la gente boliviana pueda escribir una constitución que beneficie a la mayoría, y 3) Destruir los latifundios y distribuir la tierra a los campesinos indígenas para que la mayoría indígena (62% de la población boliviana) puedan beneficiar de los inmensos recursos naturales de Bolivia.
Hasta ahora, Morales ha cumplido solo un parte pequeña de estas tres demandas. En vez de nacionalizar los hidrocarburos, ha instaurado un negocio conjunto con los petroleros transnacionales, dando a la gente boliviana la ilusión de control y forzando a los petroleros a pagar impuestos más altos. Pero esto no le da a la gente boliviana el control real que será necesario para industrializar la compañía boliviana petrolera y así pueda vender petróleo refinado directamente a otros países en vez de vender petróleo crudo barato a las transnacionales.
Morales ha convocado una Asamblea Constituyente y luchó para asegurar que cada artículo pueda ser aprobado por una mayoría simple, pero por aceptar que la versión final tiene que ser aprobada por una mayoría de dos tercios, la mayoría del MAS ha dado el control de hecho a una minoría de un tercio que nunca van a apoyar los cambios radicales que la mayoría demanda.
Las modificaciones a la ley INRA empezarán a tratar con las peores injusticias causadas por el sistema latifundista—la especulación en tierra fértil cuando muchos campesinos sufren sin tierra, comida, ni trabajo—pero no hará casi nada para terminar el sistema latifundista boliviano, arraigado profundamente, en lo que 90% de la población es dueña de solo el 7% de la tierra cultivable. De hecho, pese a las amenazas de los agropecuarios, Morales todavía ha tratado de pacificarles, diciendo, “Tierras productivas…jamás serán revertidas, van a ser respectadas” (Los Tiempos, 19/11/2006).
Los acontecimientos de la semana pasada han mostrado una verdad que los movimientos sociales de Bolivia han sabido desde hace mucho tiempo, pero que Morales parece determinado a ignorar: los intereses de las corporaciones transnacionales y las élites bolivianas están en conflicto completamente con los intereses de la gran mayoría de la población boliviana que son los campesinos, trabajadores, e indígenas.
Los que se han enriquecido durante los últimos veinte años al vender las industrias nacionales y recursos naturales bolivianos a precios criminalmente bajos junto con las transnacionales que se han beneficiado de esta corrupción, protegerán sus propios intereses a toda costa: incluso a través de sabotaje político y económico y intervención militar.
Siempre y cuando los movimientos sociales le permiten a Morales canalizar sus demandas radicales a reformas parlamentarias de forma parcial, la oposición derechista aumentará su intento para reorganizarse y tratará destruir el gobierno de Morales. La élite rica está aterrorizada de la clase trabajadora y campesinado quienes le dan a Morales su poder y por eso están determinadas para destruir el gobierno del MAS. Con los intentos de sabotaje esperan que las masas bolivianas se desmoralicen y que poder así sembrar divisiones dentro de la población. La élite boliviana, pequeñísima, está conectada a un grupo de transnacionales y todavía controla la economía boliviana. Y la jerarquía militar, la que hace solo un par de años fue matando a decenas de protestantes bolivianos, todavía tiene control sobre porciones significativas del poder militar.
Aunque la élite boliviana ha sido debilitada severamente por una serie de derrotas a las manos de los movimientos sociales, su esfuerzo y capacidad de intervenir todavía queda intacto. La capacidad del imperialismo estadounidense ha sido debilitada mucho a causa de la catástrofe en Irak y la propagación rápida de luchas en contra del neoliberalismo por América Latina en general. Cualquier intento de intervención militar extranjera llevaría el riesgo de encender una explosión de protesta por toda la región que podría tomar un curso revolucionario. Sin embargo, ésta no es la única posibilidad; el imperialismo estadounidense puede intentar una intervención mediante poder a través de los partidos de la derecha y sus bandas paramilitares en el país. También, puede ser que cuando las élites bolivianas tengan bastante confianza en sí mismas, intenten fomentar una división de Bolivia y, en el proceso, esto podría resultar en una guerra civil. Para la oposición de la derecha esto tendría la meta de aplastar las masas, abriendo la puerta para un gobierno represivo y policías neoliberales brutales.
Es verdad que ahora más que nunca los movimientos sociales tienen confianza en su poder de cambiar el mundo mediante la lucha organizada. Pero esta balanza favorable de poder no va a durar siempre.
Ahora se tienen que tomar medidas urgentes para defender las ganancias de las luchas revolucionarias previas. En los seis departamentos donde los prefectos han roto relaciones con el gobierno federal, es necesario que los movimientos sociales y sindicatos organicen ‘comites de acción’ para defender las reformas que han sido ganadas hasta ahora. Estos comités deben ser elegidos democráticamente en todos los sitios de trabajo, pueblos, y en un nivel regional, utilizando las mejores activistas de las factorías, los movimientos sociales, escuelas, y universidades. Estos deben ser el primer paso para extender los comités por todo el país. Las demandas de los comités deben ser:
Para oponerse a los intentos de la oposición derechista para sabotear las reformas hasta ahora.
Para el mantenimiento de la unidad de Bolivia y no la amenaza de una guerra civil.
Para la toma y ocupación de las factorías y latifundios como el primer paso hacia una nacionalización verdadera de la economía bajo el control y manejo democrático de la clase obrera.
Para la convocación de una Asamblea Constituyente revolucionaria verdadera de las masas bolivianas para escribir una constitución democrática y la creación de una Bolivia socialista como el primer paso hacia una confederación socialista de los países de América Latina.
Tal acontecimiento podría ser la inspiración para llevar la lucha de las masas a un nivel nuevo, usando políticas de huelgas regionales y nacionales unidas para ganar sus demandas. Tal movimiento debe demandar que Morales proporcione armas a la gente ante el peligro de los grupos paramilitares derechistas y para la defensa propia de la mayoría de la población. También estas demandas dejarían claro al gobierno del MAS que o bien llama a una ruptura con el capitalismo o las masas lo harían por sí mismas.
Sin una revolución socialista para tomar el control económico y el poder militar de las manos de la clase capitalista, todos los cambios ganados pro la lucha son solamente temporales y será atacados hasta que, por fin, estén perdidos.
Be the first to comment