Decenas de miembros de la minoría china Uighur, mayoritariamente musulmana, han desaparecido desde que fueron detenidos después de los disturbios de julio en la región de Xinjiang, dice Human Rights Watch (Observador de Derechos Humanos)
Urumqi, capital de Xinjiang en el oeste de China, explotó en el peor de los disturbios étnicos visto en las últimas décadas, el 5 de julio pasado. En tres días de enfrentamientos, al menos 197 personas murieron y más de 1.600 resultaron heridos. Los disturbios, palizas y asesinatos comenzaron después que la policía antidisturbios atacaron brutalmente una manifestación inicialmente pacífica de jóvenes uighures que exigían una acción del gobierno autónomo "de la región" sobre un choque mortal en otra provincia de China.
En un nuevo informe, Human Rights Watch dice que han documentado las "desapariciones forzadas" de 43 hombres uighur y adolescentes. El informe de 48 páginas dice que estos casos "son graves violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos", así como de la legislación china. El informe se basa en entrevistas al azar con "docenas" de residentes de la etnia uighur de Urumqi y al menos dos docenas de residentes Urumqi que eran miembros de la etnia Han, mayoritaria en la población China y también la mayoría de la población de 2,3 millones de Urumqi. El más joven de los desaparecidos es de 14 años de edad, dice el informe.
"Los casos que hemos documentado son probablemente sólo la punta del iceberg", dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. El grupo logró concluir el documento con sólo 43 casos durante las semanas de investigaciones llevadas a cabo en secreto en Xinjiang. Pero señalan que, si bien casi todos los entrevistados afirmaron conocer algún uighur amigo, pariente o conocido que había desaparecido tras ser detenido por las fuerzas de seguridad, sólo unos pocos estaban dispuestos a dar cuentas detalladas de las desapariciones por miedo al castigo por las autoridades.
"Según los testigos, las fuerzas de seguridad sellaron barrios enteros, en busca de jóvenes uighures," Human Rights Watch.
Los testigos citados señalaron que unos 150 policías y soldados acordonaron una calle de Saimachang, un barrio predominantemente uighur, el 6 de julio, el día después que los disturbios comenzaron. "A las mujeres y ancianos se les dejo que a un lado, y todos los hombres, 12 a 45 años de edad, fueron alineados contra la pared", dijo un testigo. "La policía y los militares estaban examinando los hombres para ver si tenían contusiones o heridas. También se les preguntó dónde habían estado el 5 y 6 de julio. Golpearon a los hombres al azar, incluso a los más viejos – nuestro vecino de 70 años fue golpeado y pateado varias veces".Human Rights Watch dice que 17 hombres fueron detenidos por la policía en esta operación en particular.
El informe de Human Rights Watch reporta como los primeros juicios han comenzado en Xinjiang a los acusados de crímenes violentos durante los disturbios de julio. Hay una preocupación generalizada sobre el carácter de los juicios en curso, que difícilmente pueden describirse como justos. Xinjiang, y especialmente Urumqi ahora están en las garras de una polarización étnica extrema y peligrosa. Los juicios pueden ser aprovechados políticamente por el régimen – para calmar la ira de la comunidad de Han durante los enfrentamientos de julio, en que cientos de fueron atacados, muriendo decenas de personas.
Manifestantes de Han se tomaron las calles de Urumqi, en decenas de miles el mes pasado para exigir la destitución del funcionario de Xinjiang del Partido Comunista, Wang Lequan. Wang ha mantenido su puesto de trabajo hasta la fecha, aunque sólo dos funcionarios principales de la ciudad en Urumqi fueron despedidos, como una concesión a las protestas. Dada la continua inestabilidad en la región y la pérdida de apoyo entre la mayoría Han, el régimen chino puede querer que un determinado número de cabezas uighures rueden en un proceso jurídico, en el que el acusado casi no tiene posibilidad de plantear una defensa real.
Hasta ahora un total de 11 personas han sido condenadas a muerte por su participación en los disturbios de julio. El régimen chino insiste en que los acusados de violencia han sido tratados en conformidad con la legislación china, que exige a las autoridades el dar a los sospechosos acceso a abogados y decirles a las familias de los detenidos donde han sido detenidos y por qué. Pero el informe de Human Rights Watch se opone a esta situación, señalando que en la mayoría de los casos, "los hombres y niños detenidos en el curso de estas redadas y allanamientos han desaparecido desde que las fuerzas de seguridad se los llevaron … Los intentos de sus familias para informarse acerca de los familiares en las estaciones de la policía local o con otros organismos legales de seguridad fueron inútiles ", señala el informe.
"Las autoridades dijeron que o bien no tenían conocimiento de las detenciones, o decían que la investigación seguía su curso sin admitir el hecho de la detención o, simplemente, ahuyentaron a los familiares".
Los críticos chinos de Han de las políticas del régimen chino, están muy familiarizados con el sesgo del sistema jurídico. El conflicto de Xinjiang, que tiene su origen en la creciente desigualdad social, el aumento del desempleo, y una historia de discriminación étnica, no puede ser resuelto por la respuesta estándar del régimen, de más represión. Estos métodos – detenciones masivas, desapariciones y juicios espectáculo – que están siendo aplicados en Xinjiang hoy, cada vez serán utilizados en otras provincias en contra de todas las fuerzas que desafíen abiertamente al régimen de partido único y su agenda de grandes negocios. La única alternativa es una lucha socialista, uniendo a los trabajadores y pobres de todos los grupos étnicos para ganar los derechos democráticos y el control sobre los recursos de China y el poder económico.
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